viernes, 29 de mayo de 2009

Cien años de educación y escuela pública


Ricardo Luis Plaul (Desde Remedios de Escalada, Argentina. Especial para ARGENPRESS CULTURAL)

Sintetizar cien años de historia de la educación y de la escuela como institución, en el marco del contexto socio-económico y político que le da sentido, es imposible en los límites que impone un artículo periodístico por lo que me limitaré a esbozar sólo algunos trazos caracterizadores de nuestro sistema educativo desde la óptica de la pedagogía crítica.

Las escuelas, tal como las conocemos, se organizaron como un medio de distribución de conocimientos a todos, y de producir una cultura común, que garantizara la inclusión y la movilidad social ascendente. La concepción de “escuela pública “como un espacio común que proponía igualdad en el trato a cada uno de los alumnos y alumnas, estaba en realidad proponiendo como objetivo del sistema educativo, la formación de la ciudadanía para la vida republicana.

La burguesía triunfante y gobernante en el siglo XIX crea la escuela pública, pero en realidad lo que se crea es un nuevo sistema de educación clasista, coherente, por otra parte, con la estructura social y con las exigencias productivas de la sociedad capitalista industrial.

Esta concepción de escuela, que formó parte de un movimiento nacional y latinoamericano, se concretó en nuestro país a través de una serie de leyes provinciales y nacionales a fines del siglo XIX , entre las que se destacó la Ley 1420 de 1884 que declara la gratuidad, la obligatoriedad y la laicidad de la escuela pública argentina. El funcionamiento eficiente se lograría dotando a las escuelas de maestros profesionales formados en las Escuelas Normales Nacionales. Los métodos y los contenidos fueron tomados fuera del país y desarrollados aquí en el marco del movimiento positivista, caracterizado por reivindicar la posibilidad del conocimiento científico, construirlo y alentar su distribución. Los colegios secundarios se crearon, desde la visión oligárquica – liberal, para formar a la elite dirigente que ejercería su hegemonía “antes que la masa bruta predomine y se haga ingobernable” (Mitre).

La ideología oligárquica – liberal sirvió para disimular la historia de las luchas de clases, las profundas desigualdades y la explotación de las grandes mayorías. Quienes persistían en afirmar su diversidad, frente al afán homogeneizador de la escuela, fueron muchas veces percibidos como un peligro para la identidad colectiva o como seres inferiores que aún no habían alcanzado el mismo grado de civilización.

La escuela aparecía como la gran redentora social, desde una filosofía racionalista y eurocéntrica (era la luz contra la ignorancia y la barbarie) y todo lo considerado ajeno a este modelo ilustrado fue inmediatamente excluido (indios, inmigrantes, gauchos, asiáticos, homosexuales, pobres, negros, etc). Esto explica lo que ha hecho de la escuela argentina un caso típico de institución conservadora en sus rituales y productora de los mitos más tradicionales sobre la identidad nacional.

A partir de 1930 se produce una intensa reacción antipositivista en corrientes de pensamiento en la que confluyen el idealismo, el espiritualismo y el culturalismo. Es una pedagogía netamente filosófica, alejada de la realidad escolar y de la praxis. Solamente sirvieron para reforzar la estructura clasista tradicional de la educación y para reforzar el divorcio entre la escuela y la vida. En nuestro país los altos funcionarios ministeriales enfatizaron el papel de la escuela pública en la transmisión de ideologías y valores tomados de la iglesia católica conservadora, asociada a modelos de desarrollo no democráticos.

A mediados de la década del 40 surge el “Estado de Bienestar” de la mano del peronismo como expresión de la alianza de clases entre el movimiento obrero y el naciente empresariado industrial pequeño y mediano. Se dio impulso, en el marco del modelo de industrialización, a la diseminación de escuelas públicas y al aumento de la escolarización. Gracias a esto, en 1960, ocho de cada diez niños en edad escolar asistían a un establecimiento educativo. La escuela de entonces, retuvo la prioridad de los valores de la moral cristiana y les agregó el respeto al trabajo y al trabajador. Introdujo también el respeto a la independencia nacional y a la justicia social, junto al culto personalizado a los dirigentes del gobierno y del partido gobernante.

El gobierno peronista (1943-1955) permitió el acceso al sistema educativo, especialmente a la escuela secundaria, de amplios sectores populares. Es imposible dejar de recordar en esta etapa el enfrentamiento que se produce entre el gobierno y las elites intelectuales, la Universidad, el movimiento estudiantil y los sindicatos docentes. La imposición de un adoctrinamiento en el ámbito educativo, resulta inaceptable para muchos educadores que lo consideraron manifestaciones de un gobierno fascista. La educación formal logra sin embargo, en el marco de una mayor justicia distributiva, innegables avances.

Con la caída del nacionalismo populista, los regímenes desarrollistas modernizadores (Frondizi en la Argentina., 1958-1962) visualizaron a la escuela, políticamente neutra, como una empresa económica, formadora de recursos humanos para el desarrollo, factor esencial del cambio social y de la movilidad social. Había que reformar a la educación para hacerla más moderna, racional y tecnificada y al mismo tiempo, “democratizarla”. Las tareas de definir la política educativa, de precisar los contenidos y métodos, quedan en manos exclusivamente de técnicos y planificadores. En realidad fue una forma encubierta de la ideología del statu-quo y de la dominación social. La controvertida política educativa de Frondizi, cuyo debate se sintetizó en la “laica o libre”, significó un momento en que las organizaciones sindicales docentes se vieron obligadas a discutir y asumir públicamente posiciones político-pedagógicas.

Con la “Revolución Argentina” se acentúan los rasgos autoritarios del Estado y de la pedagogía. Se instala la Doctrina de la Seguridad Nacional como respuesta a la masiva movilización social y política de los setenta. La reforma educativa del onganiato intentó modificar, entre 1968 y 1971, la estructura del sistema reduciendo a cinco años la escolaridad obligatoria y creando un nivel intermedio entre la educación elemental y la escuela media. La Universidad pública sufre un fuerte ataque y comienza el éxodo de docentes e investigadores. La reacción católico-nacionalista se instala en el Ministerio de Educación (Ivanissevich)

El período 1957-1973 marca el inicio de las luchas docentes por tener un Estatuto docente y culminan con la unificación nacional de las organizaciones de trabajadores de la educación (CTERA).

El Estado Militar y terrorista impuesto a partir del 76 ejerce en el ámbito educativo severas formas de censura y represión. Junto con la educación, caen acribilladas las ideas, el pensamiento crítico, el lenguaje y la memoria histórica. La desaparición de docentes y estudiantes, la censura ideológica de libros, cátedras y experiencias de investigación, producen un verdadero “culturicidio”, como lo llama Francisco Romero. Este implica la aniquilación intencional de creaciones, valores culturales y objetos, indispensables para la constitución de las subjetividades, de la identidad nacional, con el propósito de formar seres temerosos, despolitizados y disciplinados. La cultura del miedo, mutiló la conciencia social de estudiantes y docentes.

La transferencia, en 1978, de las escuelas primarias nacionales a las provincias y a la Municipalidad de Bs.As. , como concreción del principio de subsidiariedad del Estado, provocó el cierre de numerosos establecimientos educativos de este nivel. La transferencia significaba el abandono por parte del Estado Nacional de su responsabilidad social y encubría el impulso privatizador de la educación.

Recuperada la democracia, el gobierno radical lanza el Congreso Pedagógico Nacional, como el ámbito que debía producir los principios de una nueva ley de educación. Diseñado desde una concepción liberal de participación, posibilitó que los sectores privatistas fueran mayoritarios en buena parte de los espacios deliberativos.

Durante 1988 se produce un paro docente de 42 días por un nomenclador básico común, un estatuto federal y una ley nacional de educación. El 23 de mayo de ese año, la llamada “Marcha Blanca”, logró construir un consenso que doblegó la voluntad política del gobierno y se obtuvieron algunas reivindicaciones. Los docentes advierten la necesidad de recuperar la unidad del sistema educativo, fragmentada por la transferencia del 78 y amenazada por un reflujo de propuestas privatizantes que se esconden tras argumentos eficientistas. La segmentación educativa comienza a ser denunciada como un síntoma de la incipiente y novedosa desigualdad educativa entre provincias.

Durante la década de los noventa se intensifica la larga lucha de los docentes de resistencia frente a la destrucción del sentido público de la educación, como objetivo del neoliberalismo (vg. La Carpa Blanca). La Ley Federal de Educación y sus símiles provinciales, la Ley de Transferencia de las escuelas secundarias y la Ley de Educación Superior fueron los sustentos jurídicos de la “Transformación Educativa” neoliberal encarada por el gobierno menemista. Los resultados de la misma, que aún estamos padeciendo, fueron entre otros: la baja de la calidad de los procesos y productos de aprendizaje, la precarización del trabajo docente y el avasallamiento de sus derechos laborales, el progresivo desfinanciamiento de la educación pública, el aumento de la repitencia, el ausentismo y la deserción.

La hegemonía neoliberal, hoy en crisis, provocó una catástrofe económica, social, cultural y educativa, que aun hoy seguimos pagando. Esta incompleta y seguramente discutible síntesis nos reafirma en el pensamiento, de que la defensa de la educación pública, popular y democrática, implica el pensar nuevas políticas sociales integradas y universales que garanticen condiciones dignas para enseñar y aprender. Nos reafirma en la importancia de investigar la historia de la educación, su contexto y sus actores para que, como afirmaba R. Walsh, cada lucha no tuviera que comenzar de nuevo, para que la experiencia colectiva se acumulara y las lecciones no se olvidaran.

Autor foto: EL PERIODISTA


Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.