viernes, 7 de mayo de 2010

Comentario al libro de la Dra. Emma Adelaida Rocco: “Temas de derecho” (4ta. Edición Actualizada y Ampliada)

Salvador María Lozada (Desde Buenos Aires, Argentina. Especial para ARGENPRESS CULTURAL)

Esta no es una presentación del libro de la Dra. Rocco. Es su celebración.

Esto así por varias razones. La primera y principal radica en su profundo interés y calidad como instrumento de estudio en la vida académica de post grado, y la excepcional calidad intelectual de la autora, como así su talento para adaptar los viejos odres del derecho y sus principios para que puedan recibir el vino nuevo de la realidad contemporánea y sus problemas novedosos y cambiantes.

En segundo, porque no es un nuevo libro sino una edición enriquecida con actualizaciones y ampliaciones valiosas.

Finalmente porque este noble ámbito del Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas es el espacio condigno para explayarse sobre estos notables ensayos de la Dra. Rocco, un ámbito, en efecto, remotamente alejado de los de la Feria del Libro que en estos días otoñales de 2010 han dado lugar a las incursiones vandálicas de “barras bravas”, trasladadas de su peligroso medio antideportivo al empleo por la política facciosa de patoteros al servicio de la retención del poder político del cualquier modo y a cualquier precio, insinuándose como una suerte de Violencia de Estado, hermana menor, si no se la detiene a tiempo, del Terrorismo de Estado de oprobiosa memoria.

A propósito de “barras bravas” viene bien evocar un tema inédito de alto interés práctico y académico, para la economía, el derecho económico y comercial y desde luego para el derecho penal. Se trata de las grandes organizaciones económico-sociales de las cuales las “barras bravas” son excrescencia mórbidas y delictuales, esto es, los “clubes” de fútbol. Ellos desarrollan actividades comerciales, tanto como espectáculos deportivos y de música popular en sus estadios, con ingente significación económica, ya directamente en el caso de lo deportivo, ya como locadores del espacio u organizadores, en el caso de lo musical; y asimismo con no menos ingente importe crematístico en la transferencia de los jugadores de dicho deporte, el fútbol, a organizaciones semejantes de Europa y de otros países. Hay en la opinión pública un mar de sospechas sobre la rectitud del manejo de estos clubes y no menos de la entidad que agrupa a estos clubes. Es curioso que unos fenómenos socio- económicos de esta magnitud con tamaño impacto en la vida pública del país, no tengan control adecuado. Se trata en lo jurídico de meras asociaciones civiles como si fueran lo que un día fueron, modestos agrupamientos de deportistas amateurs sin ninguna capacidad real para las transacciones o el endeudamientos multimillonarios que ahora realizan y padecen. He aquí una problemática novedosa y no estudiada, que podría suscitar un ensayo de los muy logrados que hace la Dra. Rocco en sus Temas de Derecho para que se señale los caminos de un adecuado control de estas fuertes ilicitudes.

Este libro se ocupa de muy diversos aspectos de la vida económico-social.

Desde la función social de la propiedad, en que la autora se hace guiar por las Encíclicas de la Iglesia Católica, “Rerum Novarum”, “Quadragessimo Anno”,” Populorum Progressio” y las más recientes de los últimos pontífices, hasta los grandes fraudes del capitalismo corporativo, como “Enron” y “Parmalat”.

En todos ellos hay un substrato común, un mismo hilo conductor. Es el principio del Abuso del Derecho, incorporado explícitamente al Código Civil por la reforma propugnada por el Dr. Guillermo Borda, Ley 17711, de los años 60 del siglo pasado. Bien recuerda la autora que sin embargo tuvo este punto el antecedente valioso del art. 35 de la Constitución de 1949. Fue una de las creaciones de Arturo Sampay, el eminente jurista, inspirador principal de la reforma y fue él precisamente quien en la presentación del proyecto constitucional explicó lo siguiente:

“Elevamos, pues a categoría constitucional el principio del abuso del derecho, consagrado en algunos códigos modernos, pero vamos más lejos todavía, porque consideramos delito a la falta de solidaridad social, el uso abusivo de la libertad personal, y si con el nuevo concepto de propiedad asentamos la piedra sillar de un nuevo código civil –porque si se exceptúan los derechos de familia, el Código Civil no es más que la reglamentación del derecho de propiedad, como lo demuestra el Código de Napoleón, animado por el concepto individualista de la propiedad privada- lanzamos con esto las coordenadas de un nuevo código penal, donde tendrán su capítulo los llamados delitos económicos – infracciones al orden económico social por el abuso del derecho de propiedad y de la libertad de comerciar- de la misma manera que tendrán los suyos los delitos cometidos verbigracia, por la falta de asistencia familiar; así que el usurero, el explotador del hombre, el que negocia con el hambre de otros, el mal padre, hallarán su castigo en el nuevo código penal…”.

Lamentablemente ni uno no otro código fueron reformado. El gobierno de entonces en su segundo período empujó al exilio a Sampay, olvidó los cambios estructurales, cedió en materia petrolera, y se concentró en lo superficial, anecdótico y autodestructivo.

No cabe duda que el principio que condena el Abuso del Derecho es reacción en el siglo XX a los excesos del liberalismo burgués. No es menos cierto, empero, que ya desde los tiempos de la República Romana se percibía que el uso abusivo del derecho lo contrariaba esencialmente. Desde el siglo II antes de Cristo se afirmó el aforismo Summun ius, summa iniuria, para significar que un derecho que se usa de un modo no funcional a sus fines razonables, pasa a ser todo lo contrario de un derecho. Es curioso que el dictum Summun ius, summa iniuria, no proceda de ninguno de los grandes maestros del Derecho Romano, sino de la literatura dramática. En efecto, fue Publio Terencio Afro, un comedriografo de raíz nordafricana quien en una de sus obras, Andria, dice: Ius summum saepe summast malitia, palabras que popularmente se fueron convirtiendo en el Summun ius, summa iniuria, que atravesaría los 22 últimos siglos. No es casualidad que fuera también Terencio quien dejara dicho esto que parece destinado a describir la Deuda Externa, el pavoroso empobrecimiento colectivo y tantas otras maldades de nuestros días: Quam inique comparatumst, ei qui minus habent ut semper aliquid addant ditioribus!, lo cual, equivale a decir “Cuan inicuo que los pobres deban siempre estar agregando a la riqueza de los ricos”, ni que después de haber sido esclavo y luego de haberse elevado en la escala social de la república romana sea también de Terencio el famoso aforismo: Homo sum: humani nil a me alienum puto, es deir, “hombre soy: nada de lo humano me es ajeno”.

El abuso del derecho tiene muchas y variadas facetas. Hace cuarenta años fui testigo y actor en su corrección de una clara manifestación de fraude al que se llega a través del abuso de la personalidad jurídica, en el caso de una sociedad anónima. El Frigorífico Swift formaba parte, como un segmento más, de un conjunto económico con una dirección claramente centralizada. A través de otros segmentos, el grupo le hizo diversas transferencias de dinero en cantidades muy importantes. Cuando el Frigorífico cayó en la cesación de los pagos, al presentarse en concurso de acreedores, pretendió que esos otros segmentos del conjunto que le habían transferido dinero aparecieran como acreedores de Swift, lo cual suponía la ficción fraudulenta de pretender que una parte del grupo funcionara como acreedor del mismo conjunto económico, es decir de sí mismo, empobreciendo el patrimonio con que debía pagar a los acreedores genuinos. Como juez hice lugar a la impugnación de esos supuestos créditos ficticios y declaré la quiebra del Frigorífico Swift. Era abusar de la personalidad jurídica diferenciada intentar que una sociedad comercial pudiera ser acreedora de otra sociedad del mismo conjunto económico, en otras palabras, ser acreedora de si misma en términos económicos reales. Lo mismo cabe decir de las matrices de los grandes bancos internacionales que hicieron como que nada sabían cuando sus filiales en la Argentina se negaban a devolverle su dinero a los ahorristas, no sin la complacencia del Banco Central en la crisis del 2001.

Hay, finalmente, otra manifestación contemporánea del abuso del derecho por mal uso de la personalidad jurídica de las sociedades comerciales. Fue señalada por el profesor Guillermo Borda en una nota que integra el tomo 141 de la Revista Jurídica

LA LEY allá por los años 70 del siglo pasado. Sugestivamente nunca más nadie dijo nada en este tema tan relevante.

Se trata de la utilización de las sociedades anónimas como propietarias de las grandes superficies de campo, latifundios de decenas y centenas de de miles de hectáreas. Una tendencia que se fue agudizando desde mediados del siglo XX hasta el presente: grandes extensiones del territorio argentino han devenido la propiedad de sociedades anónimas, o dicho de otro modo los propietarios han hecho figurar su derecho de dominio como propiedad de una de esas sociedades, Estas fueron concebidas para reunir capitales para emprender actividades fabriles o comerciales en el naciente capitalismo, nunca para encubrir la propiedad inmueble del productor agropecuario. Se trata de un fenómeno de estas últimas décadas y tiene por efecto retardar la división de la propiedad rural contra lo que quiere el código civil a través de las disposiciones hereditarias. El propietario rural que le deja a sus herederos uno o más campos bajo la forma de una o más sociedades anónimas les deja a sus descendientes unos condominios de ningún modo admisibles para el espíritu del código civil y sus propósitos de pluralización de la propiedad rural.

La intención de la legislación civil ha sido el de subdividir, nunca el de concentrar, desde que el art.2692 prescribe que los condóminos pueden pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común. Pero con la sociedad anónima encubriendo la cosa común ese derecho desaparece. Por otra parte, recuerda Borda, también se burla el principio que prohíbe al testador establecer la indivisibilidad de los bienes, una norma clave del principio pluralizante que tiene el Código Civil, y esencial para el propósito del régimen sucesorio que siempre fue tenido como uno de los más acertados y progresistas: la subdivisión de la tierra, en un país extenso y débilmente poblado.

Pero hay más. El anonimato de la propiedad rural que proporciona la sociedad anónima favorece la extranjerización de la propiedad de la tierra. Inmenso latifundios en la pampa húmeda, y sobretodo en la Patagonia, pertenecen a extranjeros, sociedades extranjeras y, por qué no, gobiernos extranjeros, con algunos de los cuales la Nación Argentina tiene, ha tenido o puede tener conflictos de soberanía.

Pero hay más aún. Dada la inmensa corrupción política, la sociedad anónima como propietaria de latifundios constituye un instrumento ideal para las ocultaciones de la creciente y dominante kleptocracia.

He aquí un problema nuevo de alta significación práctica y teórica que la Dra. Rocco con su marcado talento para replantear desde el derecho y la economía los problemas que el mundo contemporáneo nos va enfrentando. Su trabajo enriquecería aún más estos TEMAS DE DERECHO cuya Cuarta Edición hoy celebramos.

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