viernes, 7 de mayo de 2010

Consideraciones sobre la pena de muerte en Colombia

Jesús María Dapena Botero (Especial para ARGENPRESS CULTURAL)

A mis queridos compañeros de colegio, Jorge Alberto Naranjo Mesa y Jesús Fernández Ceballos, que tanto saben de Ñito.

Los vientos de Francia siempre resultaron saludables para Colombia, allá en los siglos XVIII y XIX, gracias a los Derechos del Hombre o al liberalismo humanitario que llegaba al ideario del ala radical del partido liberal colombiano, bien fuera a través de don Antonio Nariño o de Manuel Murillo Toro o los hermanos Samper.

Para entonces, el segundo ya hablaba de corrupción en un país que no la ha dejado en el tintero, como la vaca ladrona que no olvida el portillo.

Aún antes de Camus, no se comprendía cómo para extinguir el asesinato se mandaba a asesinar, al considerar que podría entrarse en un círculo vicioso que podía desgastar y agotar la fuerzas, sin conseguir el desarrollo de un sentido y un juicio morales, al dejar de lado los principios cristianos de ese Jesús que pide a la muchedumbre que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ni siquiera Dios había matado a Caín por su fratricidio, sino que lo obligó a errar avergonzado por la faz del mundo, al aplicarle, por decir algo, una pena social.

Pero durante casi un siglo, la pena de muerte estuvo ahí, dentro de las consideradas por la legislación colombiana, como elemento de la estructura que conformaban las prácticas punitivas que reinaban en el país, como una de tantas penas dentro de otras muchas, pero de todas formas pena máxima y extrema, capital, como se ha dado en llamar.

Algunos sacerdotes se conmovían ante este crimen de Estado, que ponía en capilla a hombres que iban a morir y debían preparar para el terrible trance, un poco a la manera que hoy lo hace Sister Helen Prejean en los Estados Unidos de América, aunque quizás con menos conocimiento de las situaciones que llevan al ser humano a cometer delitos de gran magnitud.

La legislación entonces era una mezcla mal articulada de Derecho Penal clásico, de la vetusta legislación española, que las ideas revolucionarias no habían logrado barrer y algunos códigos nacionales, los cuales se mantenían incólumes, sin que terminara de disolverlos el juicio crítico del entorno.

Las pautas de aquel entonces, de una manera bastante anacrónica, eran la severidad, que servía a intereses partidistas, alejados de las transformaciones que se daban en Europa, bajo los buenos vientos de la modernidad en el Derecho Penal.

Era así que no sólo la pena de muerte era de una dureza tal sino que había otras penalidades tan rígidas como ella: el destierro, el exilio, la confiscación de bienes, el escarnio y la tortura. Además de otras sanciones, variables, que se daban en los establecimientos carcelarios, como fruto de medidas disciplinarias, de acuerdo con la gravedad de las faltas, como el encierro solitario, en un calabazo, la privación de la cama, el cepo, el ayuno a pan y agua, una sola vez al día, los trabajos forzados o la flagelación, con el fin de reducir al sujeto que delinquía a su más mínima expresión.

Así las cosas, se disponía de su vida, de su cuerpo, de su libertad, de su fuerza de trabajo, de su nacionalidad, de su reconocimiento y de su posición social, con la condena a la infamia, a la privación de derechos políticos, la sujeción a vigilancia por parte de las autoridades, el desempleo, fianzas y multas, incluso a la pérdida de pensiones.

En el campo oficial, Colombia se hizo abolicionista de la pena capital desde 1910 y esta manera de pensar persistió aún en la Constitución de 1991, así aún se recurra a ella de una manera no oficial o semioficial, pero siempre por fuera de la Ley, como sucede ahora con las terribles amenazas a un insigne defensor de los derechos humanos como es el padre Javier Giraldo, S.J.

En 1925, se pretendió restablecer la pena de muerte y fue ahí cuando el senador Antonio José Restrepo, el entrañable Ñito, manifestó que el código penal era un perro bravo que no mordía sino a los de ruana, es decir, que la Ley sería para los campesinos que portan ese tipo de manta y no para los ricos de smoking o levita.´

Tal sanción estaba destinada a los delitos comprobados y supuestamente más graves como:

La traición a la patria en guerra extranjera.
El parricidio.
El asesinato en cuadrillas de malhechores.
Ciertos delitos militares.

Siempre y cuando no mediaran fines políticos y la pena podía ser conmutada por condena a prisión perpetua y trabajos forzados.

Ahí fue cuando se dio el famoso debate entre el poeta Guillermo Valencia y Ñito, con toda su destreza verbal, la riqueza del lenguaje, su memoria prodigiosa, sus conocimientos de historia y su capacidad de ofensiva.

Ñito iniciaría el debate con un observación preliminar, en la que señalaba como tal castigo no recaería sobre las clases superiores, sobre la élites económicas, ni los individuos inscritos en ellas, que delinquieran, sino contra los hijos del pueblo, sobre aquellos que la sociedad ha dejado en la miseria y la ignorancia, de tal forma que habría que decir con Simón Bolívar: Pobres de los ladrones pobres.

Entre tanto la multitud lo aclamaba.

Era Ñito, un liberal íntegro, que había ocupado varios cargos tanto como diputado, como congresista, además de haber sido procurador general de la Nación y diplomático, del que se reconocía su fino y punzante sentido del humor y su conversación genuina, espontánea, amena, picante y quevedesca, como bien se lo señalara su contrincante Guillermo Valencia, a su vez que reconocía que su egregia figura pareciera brotada de un cuadro de Pantoja, del Greco o de Velázquez.

No cabe duda que la oratoria de Antonio José Restrepo era de gran elocuencia, con un estilo amplio, caudaloso, sorprendente y claro, que fluía como las aguas en la montaña, con remansos y cascadas, pura prosa fermentada en el vino añejo del Siglo de Oro español, que recurría con facilidad al equívoco o a cualquier otro juego de palabra, para dar salida a su veta burlona, con un auténtico sabor volteriano y a la manera de los buenos clásicos españoles, pero con tonalidades bastante antirreligiosas.

Su oratoria era flexible y extraordinariamente elástica, acodada por alguna anécdota salerosa, con un familiar provincialismo o alguna improvisación de buen coplero, que se extraviara en su propia música.

Y aún así, se discute si es preciso, reactivar la pena capital en Colombia, siendo como es un acto cruel e inútil, que no resuelve nada y se olvida que el Derecho a la Vida es un Derecho Fundamental, el primero de todos.

La comisión de tal castigo es otro acto irracional e inhumano, que no debería aplicarse a nadie.

Bien sabemos que en los Estados Unidos de América, donde aún persiste margina a las minorías, a los negros, a los latinos y a los pobres, cuando la función de la Justicia es ejercerla y no pasar a cometer más crímenes.

Jesús María Dapena Botero es colombiano residente en España.

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