miércoles, 12 de octubre de 2011

“Jóvenes en situación de conflicto penal: ¿cómo relatan sus historias? Análisis y prospectivas desde la Justicia Juvenil Restaurativa”

Un libro de Osvaldo Agustín Marcón.

Prólogo de Eugenio Raúl Zaffaroni

Buenos Aires, Editorial Teseo, 2011.

COMENTARIO GENERAL

El libro se ocupa, originariamente, del impacto que produce la medida judicial denominada Libertad Vigilada y/o Libertad Asistida (LV/LA) sobre las conductas de jóvenes que a ellas fueron sometidos desde la Justicia de Menores en la Provincia de Santa Fe, República Argentina. El texto expone resultados de una investigación que buscó conocer, primordialmente, la opinión de dichos sujetos. Se inscribe en el contexto de la polémica inherente a la cuestión de la responsabilidad penal juvenil, por lo que repasa las posiciones y debates teóricos más significativos al respecto. Se trata de un estudio de naturaleza interdisciplinaria, aunque domina la visión sociojurídica del tema. Por ello discute fuertemente conceptos originarios de distintas disciplinas, a saber: trabajo social, abogacía, psicología y psicopedagogía entre otras también partícipes del campo de las ciencias sociales en general.

Se identifican dimensiones teóricas que parecieran constituir un sustrato positivo para mejorar la medida de modo tal que ella implique la redistribución de responsabilidades ante el hecho penal sucedido. Parte del trabajo se centra en la noción de castigo sobre las infancias y juventudes desde la intervención penal del Estado. Un lugar significativo ocupa la cuestión etiológica desde la perspectiva de la ‘Clínica de la Vulnerabilidad’ en tanto respuesta compatible con los postulados de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, incluyendo un paneo de la situación latinoamericana en relación al mencionado instrumento (CIDN). Para el caso argentino se señalaron aspectos de la estructura social relacionados con la Doctrina de la Situación Irregular y la Doctrina de la Protección Integral. Y en este contexto se aborda la cuestión del orden penal especial, discutiendo los conceptos de ‘Libertad Asistida’ y ‘Libertad Vigilada’ como categorías generales y, luego, el modo en que se expresan en situaciones particulares.

Las entrevistas realizadas permitieron identificar la existencia de un escenario regulado por distintas legalidades, la incidencia de lo laboral como medio de articulación, la presencia de lo religioso como medio de inscripción en el sistema social, lo afectivo como recurso significativo en medio del conflicto penal, la incidencia de los circuitos judiciales sobre la subjetividad, como así también la fortaleza de la transgresión para lograr pertenencia grupal. Aparece también una firme tendencia a relacionar la auto-responsabilización con el cambio, cierta idea de la sanción desde una perspectiva ‘tarifaria’, la figura del juez como fuente de oportunidades de redención y, a la par, dificultades para diferenciar ‘Libertad Asistida’ de ‘Libertad Vigilada’. Prospectivamente se concluye en la necesidad de revisar la intervención profesional incluyendo la cuestión de la co-responsabilidad como un eje substancial, con implicancias en el orden más operativo: Justicia, Poder Ejecutivo, instituciones de la sociedad civil. En dicha perspectiva se concluye, también, en la conveniencia de tener presente tanto la cuestión de la satisfacción de necesidades (materiales e inmateriales), y la reconfiguración de representaciones sociales como determinantes de conductas, todo a partir de recursos positivos existentes en la población estudiada.

PRÓLOGO

La presente obra toca en profundidad el núcleo de las discusiones acerca de la llamada justicia juvenil que en muchos casos es un capítulo de la injusticia social. Su pertenencia a este la estimulan hoy quienes desde la publicidad mediática y el campo político proponen imponer a los niños y adolescentes las mismas penas que a los adultos con la confusa denominación de baja de la imputabilidad penal.

De este modo prepararán carreras criminales que en el futuro justificarían cada vez mayor represión hasta llegar a una dictadura de seguridad urbana en forma de estado penal absoluto o neostalinismo, cuyo objetivo último es la eliminación de todo resabio de estado social, reduciendo la función de éste a una represión policial que garantice la libertad absoluta de las corporaciones en búsqueda de mayor rentabilidad a cualquier precio, incluso, por supuesto, el del genocidio y las matanzas y el propio riesgo de extinción de la vida humana en el planeta.
Detrás de esto no hay más que una pulsión de muerte o tanática, que no es ningún invento de Freud ni el exabrupto de un fanático franquista lisiado, sino el extraordinario poder de la venganza que esconden en su altillo las teorizaciones en torno de la pena y de cualquier intervención que la sustituya y encubra.
Si las elaboraciones simplistas en que se enredan los que pretenden explicar racionalmente las penas no tienen éxito, es porque en lo profundo de esa maraña se esconde la venganza. Cada penalista es visitado por alguna entidad metafísica que le indica cómo debe ser la pena y para qué debe servir. Desde esa visión sobrehumana deduce todo el sistema del deber ser del derecho penal, destinado a imponer penas en el campo del ser, que nada tiene que ver con su misteriosa visión primaria.
Como la venganza es irracional, la pena no puede ser racional, pero las contradicciones de las racionalizaciones con las que se las quiere dotar de racionalidad se hacen mucho más notorias cuando nos enfrentamos con los niños y los adolescentes. La selectividad sobre las franjas de menor renta de la población hace más notoria su condición de capítulo de la injusticia social. La crueldad de la venganza queda mucho más expuesta. La tentativa de cubrir esta realidad con el generoso manto de la tutela no reveló otra cosa que su extremo de carácter inquisitorial. El niño fue durante muchos años un simple objeto en el peor de los sentidos.
Esta obra demuestra la ambigüedad de la libertad vigilada también disimulada como asistida. El sometimiento al control de la autoridad es una pena conocida por lo menos desde el poco generoso código de Napoleón. Su naturaleza la conocemos desde hace doscientos años.
El retribucionismo no pasa de ser otra irracionalidad, pues retribuir por retribuir es algo que carece de todo sentido. No obstante, el control judicial y el principio de legalidad se deben hacer efectivos y, además, no puede habilitarse una pena sin medida máxima para cualquier infracción, porque eso habilita una criminalización masiva de niños pobres aún más irracional.

No se trata de legitimar el retribucionismo al imponer una medida adecuada a la gravedad del hecho, sino que la proporcionalidad en cualquier caso –niños o adultos- es la apelación a una menor irracionalidad, frente a una sociedad y cultura vindicativa que no podemos suprimir. El penalista y el criminólogo no pueden cambiar la civilización vindicativa. El cambio civilizatorio podrá sobrevenir, pero no por lo que escribamos nosotros, so pena de incurrir en omnipotencia, que por cierto es un signo de inmadurez adolescente.
Los límites constitucionales y las garantías deben respetarse aunque las penas dejen de llamarse tales, pues el poder punitivo se disfraza bajo múltiples discursos, incluso con la apariencia de generosos sentimientos.

Es válido todo lo que se dice y postula en cuanto a clínica de la vulnerabilidad, en cuanto para ofrecer todas las vías para enseñarle a no ofrecer su rostro al golpe del poder punitivo, pero esto no puede servir para ignorar que estamos imponiendo penas.
No hay delito en abstracto, sino conflictos concretos. La mayor parte de los conflictos con implicancia penal que son criminalizados corresponden a niños y adolescentes de los sectores de menor renta y por hechos de menor gravedad. Las ocasiones de conflicto se presentan con menor frecuencia en las otras capas sociales o éstas tienen mecanismos de impunidad o cobertura de los que carecen las más subalternas.
De cualquier manera, tenemos una subrepresentación de niños y adolescentes en homicidios: protagonizan un 15% de éstos, en tanto que constituyen más del 30% de la población general. Esto quiere decir que los niños y adolescentes son un 50% menos homicidas que los adultos. En delitos contra la propiedad no hay medición posible de momento, porque requiere una investigación de campo que no se ha hecho, dada la enorme cifra negra en ese tipo de conflictos.
La idea de responsabilidad no es ajena a una clínica de la vulnerabilidad. Sólo que la idea de responsabilidad no es jurídica y menos penal. Se llega a ser responsable cuando se comprende que el mal que se sufre es resultado de la propia conducta, lo que se alcanza en un difícil proceso de maduración. Al niño como sujeto debe posibilitársele el diálogo que le permita alcanzar este resultado.

En el caso de los niños judicializados se trata de una tarea de los operadores que debe llevarse a cabo en equipo. No puede limitarte a personas con puro entrenamiento jurídico o en especialistas en una única disciplina. El vigilador –aunque se vista de asistente- siempre será visualizado como un controlador.

El niño necesita alguien que lo siga defendiendo en esa instancia, o sea que las funciones de vigilador y asistente no pueden estar juntas, so pena de enviarle mensajes contradictorios y de estimularle la explicable hipocresía de supervivencia. Digo explicable y no condenable, porque cualquiera de nosotros en esa circunstancia también apelaría a ella.

La pretensión de alcanzar la consciencia de responsabilidad en el adolescente no importa en modo alguno negar el marco socialmente negativo. No todos los niños pobres entran en conflicto penal, sino sólo los que tienen condicionamientos que los hacen más vulnerables a las trampas que les tiende el poder punitivo y a veces la corrupción policial. De allí que sea necesaria a su respecto una clínica de la vulnerabilidad especializada, que les permita transitar por la vida sin ceder al canto de Tánatos que tiende a convertirlos en adultos carne de cárcel.

En momentos en aparecen los rostros más patibularios en los medios y en la política, debemos estar alertas para comprender que no pretenden discutir finezas ni buscan resolver la acción más adecuada ante los pocos niños de la franja entre catorce y diez y seis años que cometen hechos de sangre y que no pasan mucho de un par de decenas por año en todo el país, sino canalizar indiscriminadamente toda la venganza contra los niños de nuestros barrios precarios, convertirlos a todos, infractores y no infractores, en una ellos enemigo de la sociedad.

Pocas veces el deterioro de la política ha llegado a niveles tan bajos, a recurrir a la movilización de la venganza contra los más vulnerables. Sólo se comprende semejante decadencia moral si se observa que en buena medida la movilizan los mismos sectores que han sido responsables de la degradación de las condiciones sociales. Creo que quienes operan de esa manera no han alcanzado el nivel de consciencia de responsabilidad que tratamos de procurar en los niños judicializados.

Podría seguir expresando más reflexiones acerca de lo que me sugiere la lectura del libro, pero creo que lo importante es el libro y no el prólogo. Estas palabras no tienen más objeto que felicitar al autor y recomendar la lectura del libro, para abrir un debate amplio y lo menos irracional posible.

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