jueves, 6 de octubre de 2011

Wikileaks visibiliza a vende-patria: Sapos de la IV en la burocracia de la V

Indira Carpio y Ernesto J. Navarro (Desde Caracas, Venezuela. Especial para ARGENPRESS CULTURAL)

En la Revolución Bolivariana de Venezuela no hace falta pasar por la lista Tascón para ser públicamente antichavista, con sólo declarar ante funcionarios de la embajada de EEUU en Caracas basta. Ahora, pican y se extienden los Wikileaks y nadie lo desmiente y a nadie parece importarles. Pero... ¿El que calla... otorga?

Si el contenido del cable de la embajada estadounidense publicado por Wikileaks -fechado el 16 de abril de 2004 y traducido a continuación- fuese cierto, se reconocería abiertamente la intervención de la embajada de USA en los asuntos internos de Venezuela y cómo funcionarios de alto nivel del gobierno se prestaron para ser informantes.

Si acaso lo más importante, debido a que la premisa anterior ha sido suficientemente demostrada a lo largo de la historia (nos referimos al intervencionismo yanqui) ¿es acaso la entrega de información confidencial de los ministerios venezolanos a representantes de otros países considerado una traición a la patria?

Según el Código Penal venezolano en su Libro segundo Título I, Capítulo I De la traición a la patria y otros delitos contra ésta, SI. En este, se establece en el artículo 128 que “cualquiera que, de acuerdo con una Nación extranjera o con enemigos exteriores, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas, o la hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de veinte a treinta años”.
Nos preguntamos, los sapos que a continuación aparecen soltando la legua en el centro de operaciones del imperio usamericano ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Siguen como burócratas de oficio? O ¿Lograron conseguir las prebendas por las que -gustosamente- vendieron a su país? ¿Están en su pequeña Venecia mental, chupando de la “revolución” o habitan en Westonzuela, cuna de la gusanera venezolana en Miami?

Estén o no en “su país”, según el artículo 129 de la ya citada reglamentación, debería salirles hacha y machete. “El que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra Nación, atente por si solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República, será castigado con la pena de presidio de veinte a veintiséis años”.

Eduardo Porcarelli, Roberto Arias (antes funcionarios de MinComercio), Jorge Szeplaki (Procompetencia), José Fermín (ex Consultor jurídico del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual), Carlos Abello (Ex Director de Mercadeo del Ministerio de Agricultura y Tierras) y Nilsa Mujica (Ex directora de Comercio Internacional de MinComercio) figuran como los deslenguados apátridas y custodios de los intereses económicos de EEUU sobre Venezuela y lo peor, es que estaban enquistados en la administración pública.
Quien se atrevan a negar que hay otros sapos como estos en la burocracia bolivariana actual, que lance otra pesquisa en Wikileaks. Nosotros, que no somos santos, ya lanzamos la nuestra.

La siguiente traducción no sólo constituye la cita textual de una comunicación entre burócratas estadounidenses, sino que trasluce las formas de la injerencia imperialista en los gobiernos progresistas de Latinoamérica.

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Identificación de referencia: 04CARACAS1313
Tema: politizando la burocracia económica de Venezuela
Origen: Embajada en Caracas (Venezuela)
Hora del cable: Viernes, 16 de abril de 2004 00:00 UTC
Clasificación: CONFIDENCIAL
Fuente: http://wikileaks.org/cable/2004/04/04CARACAS1313.html
El presente récord es un extracto parcial del cable original. El texto completo del original no está disponible.

CONFIDENCIAL
CARACAS 001313 SIPDIS NSC FOR CBARTON USAID DCHA/OTI FOR RUSSELL PORTER E.O. 12958: DECL: 03/22/2014
03/22/2014 ETIQUETAS: ECON [Condiciones Económicas], ETRD [Comercio Internacional], PGOV [Asuntos gubernamentales internos], VE [Venezuela]
Clasificado por: Embajador Charls S. Shapiro por razones 1.4 (b) y (d)
Resumen: 1. Los actuales esfuerzos para asegurar la lealtad dentro de las instituciones del gobierno venezolano al utilizar la lista de personas que firmaron la solicitud de referéndum en contra del presidente Chávez toma lugar en el contexto de una larga historia de despidos políticamente motivados y reestructuración de personal con la finalidad de cementar el control del gobierno sobre la burocracia. Funcionarios de la embajada han recibido numerosos informes de técnicos, particularmente en los ministerios de economía y comercio, quienes han sido reemplazados por funcionarios que tienen vínculos militares, partidistas o personales más cercanos con Chávez y/o sus a altos asesores. Esta tendencia, que incluye la designación en octubre de 2003 de un ex funcionario militar como Ministro de Producción y Comercio ya ha comenzado a tener efectos significativos en las políticas económicas internacionales y nacionales de Venezuela. FIN DEL SUMARIO.


Deshaciéndose de los técnicos

2. El ex teniente de la Fuerza Aérea, teniente Wilmar Castro, participante de la intentona golpista del presidente Hugo Chávez en 1992, reemplazó al ministro de Producción y Comercio, Ramón Rosales, en octubre de 2003 (ref A). Esto marcó una tendencia dentro de los ministerios económicos de reemplazar funcionarios técnicamente sofisticados a niveles ministeriales y viceministeriales por personas cuyas conexiones políticas superaban su experiencia en sus nuevas áreas (Rosales, un especialista académico en comercio internacional, era un rabioso opositor a la “globalización”, pero era respetado en el negocio por ser un conocido y de alguna manera favorable interlocutor en temas específicos). Desde entonces, hemos recibido otros informes de cambios de personal políticamente motivados, los cuales llegan considerablemente a los más bajos rangos de funcionarios civiles. En diciembre de 2003, Eduardo Porcarelli, ex director de la Oficina de Comercio Internacional del Ministerio de Producción y Comercio (MPC) le dijo a funcionarios de la sección de economía de la embajada que había renunciado a su cargo en septiembre de 2003 porque había sido altamente marginalizado dentro del ministerio. Roberto Arias, especialista en comercio en la misma oficina del MPC, también describió su traslado a un trabajo diferente dentro del gobierno como una acción ilegal y por razones políticas. Arias contó a funcionarios de economía de la embajada que cuatro personas en la oficina habían sido transferidas o renunciaron en un período de dos meses.


3. (C) Arias y Porcarelli notaron la importancia que tiene la oficina donde trabajaban para el desarrollo y promoción de las políticas económicas internacionales de Chávez. Sus reemplazos, que son en su mayoría, designaciones políticas con poca experiencia en comercio internacional, actualmente están manejando preparaciones para las negociaciones de la OMC y las próximas asociaciones de Venezuela con el Mercosur (ref B). Porcarelli y Arias confirmaron los testimonios de que otros expertos técnicos en el MPC, el Ministerio de Agricultura y Tierras y el Ministerio de Planificación y Desarrollo están siendo marginados en temas críticos.


4. (C) Jorge Szeplaki, superintendente del organismo de protección de la libre competencia de Venezuela (Procompetencia), dijo a funcionarios de la sección de economía que había despojado a su organización del rol tradicional como una de las asesoras técnicas en las preparaciones para las negociaciones del TLC. Según Szeplaki, la comisión presidencial que actualmente maneja la política venezolana para el TLC está conformada por ideólogos que tienen relaciones cercanas con Chávez. El presidente de la Comisión, el ex viceministro de Industria y actual directivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Víctor Álvarez, dijo al consejero económico de la embajada en agosto de 2003 que el Gobierno venezolano haría lobby para posponer las negociaciones del TLC hasta que todos los países involucrados lograsen una “paridad económica” (ref C). Álvarez es un autoproclamado opositor al liberalismo económico y el principal oponente del gobierno a la alternativa regional dirigida por Latinoamérica al TLC. El Ministerio de Relaciones Exteriores, según el embajador Óscar Hernández, director de Asuntos Económicos Internacionales y ex representante permanente ante la OMC en Genova, está completamente marginado de las negociaciones de comercio internacional.


5. (C) José Fermín, un funcionario civil de carrera y ex alto asesor legal en la institución venezolana de patente y propiedad intelectual (SAPI), dijo a funcionarios de la sección de economía en enero que había sido uno de los despedidos del organismo por razones políticas. Fermín dijo que su despido de enero de 2004 fue ordenado por el director del SAPI, Eduardo Samán, debido a que se rehusó a caer en las políticas políticamente influenciadas de Samán. Contactos industriales confirmaron que varios funcionarios civiles de carrera con experiencia técnica significativa habían sido despedidos del SAPI como resultado de las aplicaciones de patente que habían sido dilatadas. Samán es conocido como un opositor a la salvaguardia ampliada de la protección de la propiedad intelectual para farmacéuticas internacionales, las cuales considera potencialmente perjudiciales para el sistema de salud de Venezuela (ref D) (Nota: cuando Fermín se reunión con funcionarios de la sección de economía de la embajada, Samán estaba en Cuba para discutir la implementación de parte del Acuerdo Cuba-Venezuela de 2000 (ref E), el cual exhorta a la cooperación en asuntos de protección a la propiedad intelectual).


6. Bajo la influencia de Samán, el SAPI ha disminuido el número de patentes otorgadas a productos farmacéuticos, el gobierno venezolano ha instituido una política de aprobación de copias internas de productos farmacéuticos patentados internacionalmente para la venta en Venezuela, y la Asamblea Nacional está considerando cambios a un Proyecto de Ley de Propiedad que empeoraría el marco legal para la protección de la propiedad intelectual (Comentario: Samán fue reemplazado brevemente de su cargo el año pasado por el ex ministro de Producción y Comercio, Rosales, pero lo regresaron a su puesto una vez que este fue despedido. Fuentes de la industria dicen que la cercana relación de Samán con Chávez facilitó su rápido regreso al SAPI y la destitución de Rosales).


7. (SBU) Los expertos técnicos en el sector de los alimentos también parecen ser blancos. Fuentes del Ministerio de Agricultura y Tierras (MST) dijeron a funcionarios de la embajada que el ex ministro Oswaldo Carnevalli, una respetada figura en la industria, fue despedido en junio de 2003 por notar públicamente la necesidad de incrementar los precios de los alimentos, una evaluación realista percibida por sus superiores como “contrarrevolucionaria”. Su puesto lo ocupó el general Rafael Oropeza. El ex director de mercadeo del MAT, Carlos Abello, dijo a funcionarios de la embajada que lo estaban presionando para que renunciara porque ya no manipularía la importación de licencias. Abello fue finalmente reemplazado por un desconocido, Irahil Méndez. Fuentes de la industria dicen que los costos por tonelada para las licencias de importación de maíz han incrementado recientemente y al menos una compañía afiliada estadounidense no ha podido obtener este permiso desde septiembre de 2003.

Cambiando las reglas del juego

8. (C) La actual subdirectora de Comercio Internacional de MPC, Nilsa Mujica, dijo a funcionarios de la sección económica que la tendencia de transferir y despedir a funcionarios civiles podría ser justificado bajo la Ley de Autoridad Pública de Venezuela de noviembre de 2001, la cual establece el marco legal para la contratación y el despido de empleados del gobierno. En su palabras, “la nueva ley facilita la remoción de empleados improductivos y disminuye la responsabilidad laboral”. El artículo 98 de esta ley contempla el despido de funcionarios civiles de carrera de requerirse cambios, cierre de oficinas o ajuste de personal, y previamente aprobados por el despacho del Presidente. Otra razón para el despido de funcionarios civiles bajo la ley es “participar en huelgas que no cumplan con los requerimientos legales”.

9. Mujica se quejó con funcionarios de la sección de economía que la ley de 2001 había revocado garantías anteriores para empleados de carrera que los hacía tan vulnerables para cortar con los despidos como señalados políticos. La situación de los funcionarios públicos empeoró con el desmantelamiento en octubre de 2003 del primer Tribunal de Asuntos Administrativos Contenciosos de Venezuela. El Tribunal Supremo consideró esta acción necesaria para atender más eficientemente una alta carga de casos, sin embargo, el tribunal todavía tiene que ser reemplazado por una corte equivalente. El Primer Tribunal escuchó de casos de presuntas acciones ilegales del gobierno y actuó como un tribunal de apelaciones por el despido ilegal de empleados públicos (ref F). De acuerdo a Mujica, el tribunal casi siempre se pronunció a favor de los empleados en esos casos. Sugirió a funcionarios de la sección de economía que la ausencia de alguna instancia para apelaciones ha tenido un efecto escalofriante en empleados que hayan considerado protestar por lo que consideran una tendencia de aplicar transferencias y despidos políticamente motivados en los ministerios económicos.

--------COMENTARIO-----------

10. Los despidos y acosos políticamente motivados dentro del sector público se han hecho más visibles mientras el gobierno venezolano apunta hacia personas que firmaron la solicitud de referéndum revocatorio en contra del presidente Chávez. Existe un patrón mayor de reemplazar figuras no partidistas en los ministerios económicos por partidarios a Chávez. Mientras Chávez busque mantener sus niveles de aprobación altos, también incrementa la importancia de los ministerios que supervisan significativos fondos de “desarrollo” interno, así como la política económica general. Es probable que el gobierno de Venezuela continúe buscando una estrategia que le dé al Presidente más control de la burocracia y más acceso seguro a fondos que pudiesen impulsar su popularidad. SHAPIRO NNNN 2004CARACA01313 – CONFIDENCIAL

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El subrayado es nuestro.

Nótese la importancia en temas como la adhesión de Venezuela al TLC, el ingreso del país al Mercosur y el otorgamiento de patentes y licencias a empresas estadounidenses por parte del gobierno bolivariano. Algunos temas siguen siendo un misterio para la opinión pública nacional, aun hoy, después de 7 años de supuestamente haberse enviado el cable.

Nota de los autores: Estamos convencidos de que la crítica y la autocrítica son necesarias para el avance de la revolución. Con ese espíritu está hecho este trabajo periodístico. NO AUTORIZAMOS A NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN PRIVADO, BURGUÉS, CAPITALISTA, DE DERECHA, A REPRODUCIR ESTA INFORMACIÓN, NI TOTAL NI PARCIALMENTE.

*) Periodistas intragables

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