jueves, 10 de noviembre de 2011

Cultura y culturas: desde la colonialidad del poder y desde los pueblos indígenas (Parte II)

Rodrigo Montoya Rojas (Desde Lima, Perú. Colaboración para ARGENPRESS CULTURAL)

“Indios permitidos” e “indios prohibidos”
Para los ejecutivos, gestores y funcionarios del poder colonial, lo ideal sería que los llamados indios solo canten, bailen, toquen sus instrumentos musicales, vendan sus tejidos, ceramios y “artesanías” en lugares marginales, en campos deportivos de los conos, en plazas y veredas o en algunos “centros artesanales”, especialmente pensados para turistas de dentro y fuera del país, y aparezcan en cartas postales turísticas de esas tipo Benetton, tan bonitas. Pero ocurre que en 1980 se formó en Perú la Asociación Inter étnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, con rostros, apellidos y reivindicaciones nuevas. Desde entonces, se multiplican las organizaciones que reivindican los derechos de los pueblos indígenas y que al defender sus territorios, lenguas, culturas y sus derechos a la diferencia, a la autodeterminación, gobierno propio y autonomía, comienzan a hacer política. En otras palabras, salen de la esfera del folklore para entrar en el mundo del poder . El levantamiento indígena de Ecuador en 1990, la Marcha por la Dignidad y el Territorio de los pueblos del oriente boliviano, también en 1993, y la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en enero de 1994, fueron hechos decisivos para situar a los movimientos políticos indígenas como nuevos actores y sujetos en el escenario político latinoamericano, desde México hasta Chile . En Perú, la rebelión amazónica de Bagua (2009) y la aparición de un movimiento político de la Nación Aimara con diez mil personas ocupando la capital del departamento de Puno , (Junio de 2,011), muestra que la aparente excepción peruana por no contar con movimientos políticos indígenas como los de Bolivia y Ecuador solo podría ser temporal.

La aparición de líderes intelectuales indígenas bi, y a veces trilingües, que guardan sus signos exteriores de identidad, que tienen un juicio crítico de los países en que nacieron y viven y que formulan proyectos políticos para el futuro de sus pueblos y de sus países, ha sido vista con gran preocupación porque no se trata de criollos indigenistas como los del pasado sino indígenas de carne y hueso con propuestas de poder y con gestos de no ser más los supuestos menores de edad buscadores de protección y tutela. La primera reacción es la cooptación, es decir, atraer a esos dirigentes, ofrecerles puestos remunerados, viajes, muchas promesas y algunos privilegios. Hay, por supuesto, dirigentes indígenas que aceptan la cooptación y otros que no. Allí comienzan los problemas serios porque desde el Banco Mundial, o el BID, desde los gobiernos nacionales, otros organismos de cooperación y muchas ONGs se dividen a estos llamados indios en “permitidos” y “prohibidos”. A partir de un vasto y largo trabajo de investigación y acompañamiento en el mundo maya, particularmente en Guatemala, el antropólogo norteamericano Charles Hale, ha desarrollado estas nociones a partir de una propuesta de Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga boliviana . Charles Hale sostiene:

“Con la presencia del ´indio permitido´, surge invariablemente la construcción de su ´otro´ que se define como un sujeto disfuncional, ´descartable´, sin méritos. Dicha dualidad llega a representar dos formas distintas de ser indígena. El ´indio permitido´ según esta ideología logra negociar la modernidad, sustituir ´protesta´ con ´propuesta´, actuar con autenticidad y a la vez manejar el lenguaje dominante. Su otro, el desautorizado, es rebelde, vengativo y conflictivo. Las características de este último le causan gran preocupación a la elite política que se ha comprometido con la igualdad cultural pero que teme las repercusiones que se podrían genera si los ´desautorizados´ subiesen al poder. Esta nueva forma de gobernar le otorga recompensas al ´indio permitido´ mientras que simultáneamente condena su ´otro´ a la pobreza y exclusión social. Justifica dicha exclusión ya no tanto con la doctrina de inferioridad biológica, sino por características culturales, superables pero profundamente persistentes. Los que ocupan la categoría de ´indio permitido´ tienen que demostrar constantemente que están por encima de estas características culturales ´racializadas´ de los ´otros´ y al insistir de esta manera, apoyan y refuerzan la división” (Hale, 2004: 4).

Uno de los primeros resultados de las luchas indígenas ha sido la aceptación por parte de los gobiernos de una educación bilingüe intercultural, y el reconocimiento formal del carácter multi o pluricultural de países como Guatemala, Bolivia, Ecuador y Perú. Se trata de una estrategia muy bien pensada para aceptar algunos derechos y preservar plenamente la exclusión en otros. Cito un texto más de Hale:

“La diferencia entre los derechos culturales y el empoderamiento político económico sirve como un buen punto de partida para explorar esta nueva forma de gobernar. En su primera ronda de concesiones los Estados latino Americanos recién bautizados como “multiculturales”, reconocieron los derechos culturales, particularmente los que se encontraban lejos de las preocupaciones principales del poder estatal y del sistema productivo. En el caso de Guatemala, este nuevo período de multiculturalidad se inició con la creación de la Academia de Lenguas Maya, patrocinada por el Estado; otro ejemplo, es el nombramiento, durante los últimos dos gobiernos, de un profesional maya como Ministro de Cultura y deportes, cargo ahora llamado despectivamente por muchos ladinos / mestizos/ (siempre en privado) como el ´puesto indio¨. De manera paralela, el énfasis en la educación bilingüe e Intercultural en el Ministerio de Educación, apunta a hacia esta nueva ética multicultural. En contraste, la idea de nombrar a un indígena como Ministro de finanzas, resulta fuera de consideración”. (Hale, 2004: 5).

Por los tiempos de los procesos sociales en Guatemala, Bolivia y Ecuador, lo que acabo de citar se adelanta en unos cuantos pasos a lo que ocurre en Perú. Aquí, la clase política se horrorizaría si el gobierno de Humala nombrase como “ministro de cultura” a Alberto Pizango, o a una persona afro descendiente sin los éxitos nacionales e internacionales de Susana Baca. La clase política, descrita también inmerecidamente como élite, esconde su profundo racismo debajo del paraguas “todos somos mestizos” o “todos somos ciudadanos” del país, como si todos fuéramos iguales y tuviéramos los mismos derechos, y está convencida de que la política se reduce a las pequeñas y grandes batallas electorales para ganar la presidencia del país, tener una curul en el congreso, ser presidente o consejero regional y alcalde y regidor municipal en provincias y distritos. En las grandes decisiones, el punto de vista indígena no es tomado en cuenta. La ley de consulta a los pueblos indígenas representa un paso adelante al establecer la obligatoriedad de la consulta pero reserva al Estado el derecho de decir la última palabra; en otras palabras, la consulta no tiene el carácter vinculante que los movimientos étnicos y políticos reclaman con razón. No es difícil aceptar algunos derechos culturales y hacer aparentemente muchos esfuerzos para “superar la pobreza” sin decir una palabra sobre la desigualdad social que es su causa principal.

El ejemplo ecuatoriano de cooptación de lo indígena por el Banco Mundial y el gobierno nacional es suficientemente ilustrativo para entender el caso peruano. Víctor Bretón Solo de Saldívar, antropólogo de la Universidad de Lleida -en Catalugna, España, Investigador asociado a FLACSO/sede Ecuador- conoce bien la problemática indígena ecuatoriana, ha estudiado de muy cerca los proyectos de las ONGS y la política del Banco Mundial en Ecuador. Sostiene que el Banco Mundial conduce una política neo indigenista con un espíritu etnófago porque que traga o engulle las reivindicaciones y propuestas de los pueblos indígenas como si fueran suyas, para quitarles sus posibilidades de cuestionar el orden establecido y cooptar a sus dirigentes. El Programa de Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Ecuador, PRODEPINE fue a partir de 1998 un ensayo de intervención social desde los parámetros del nuevo neo-indigenismo etnófago:

“Estas consideraciones, harto reveladoras por sí mismas, nos condujeron a definir los modelos actuales de intervención sobre las comunidades como neo-indigenistas y etnófagos. Lo de neo-indigenistas viene porque se nos antojan similares a los del indigenismo clásico en su afán de situar la etnicidad en un plano "políticamente correcto", aunque adecuando el horizonte final -la domesticación del movimiento indígena y la neutralización de su potencial revulsivo- al signo de los tiempos de la era de la globalización: la asunción de la pluriculturalidad, del plurilingüismo y, en el mejor de los casos, de la plurinacionalidad de los Estados latinoamericanos no tiene por qué atentar contra la lógica de la acumulación capitalista neoliberal. Esta es una lección que han aprendido los organismos multilaterales que han "descubierto" la importancia de la inversión en rubros tan poco convencionales como el capital social en países donde, con el Ecuador a la cabeza, los movimientos étnicos han mostrado su capacidad de aglutinar y canalizar el descontento popular ante el ajuste. La etnofagia, por su parte, alude a la peculiaridad más perversa y también más sutil del nuevo indigenismo: al hecho de que los programas sean con frecuencia gestionados y ejecutados parcialmente por indígenas. Una simple ojeada al funcionamiento del entramado institucional del desarrollo evidencia de qué modo sectores importantes de la intelectualidad quichua -la misma que elaboró un discurso contestatario y anti-neoliberal en la década de los ochenta- trabaja y vive enquistada en la maquinaria burocrático-administrativa del desarrollo. Lo mismo cabe argüir, como hemos visto, desde el punto de vista de los pisos intermedios del andamiaje organizativo indígena (las OSG y lo que éstas representan), dependientes funcional y financieramente del entramado de las ONG y de sus proyectos específicos. Es en esta tesitura, y no en otra, donde hizo su aparición el PRODEPINE con su "revolucionaria" propuesta de financiar y dar la mayor autonomía posible a las OSG como plataformas privilegiadas del etno desarrollo sostenible...

Un tema crucial para calibrar la naturaleza política del PRODEPINE es el de la cronología de su gestación, dado que no parece gratuito que fuera en 1995 cuando empezó a madurar la idea de articular una propuesta de esta naturaleza. Tras un año y medio de conversaciones se procedió a diseñar el Proyecto -tarea que demoró dos años más- hasta que, por fin, el once de septiembre de 1998 pudo éste iniciar sus actividades. La discusión sobre la conveniencia de una institución como PRODEPINE arranca, así, un año después de que el levantamiento indígena de 1994 hubiera hecho oscilar por segunda vez los pilares del Estado ecuatoriano y de que, muy al norte, en las lejanas tierras mayas del sudeste mexicano, un ejército de indios chiapanecos reaccionara con las armas en la mano contra la exclusión económica, política, social y cultural a que los condenaba la flamante ortodoxia salinista. En el momento de una cierta crisis del patrón macroeconómico imperante; cuando sin que fuera previsto por nadie la indianidad irrumpía en América Latina como un referente capaz de cuestionar públicamente la legitimidad moral de la globalización; cuando de pronto algunas de las externalidades del crecimiento económico -los costos sociales- se incrustaban sobre las perspectivas de los beneficios a corto y a medio plazo como verdaderas internalidades que hacían peligrar la viabilidad del modelo; en ese momento preciso fue cuando los planificadores del desarrollo voltearon sus caras hacia el capital social y el fortalecimiento organizativo como estrategia de lucha contra la pobreza y, de paso, como vía indirecta (¿o no tan indirecta?) para cooptar y limitar el alcance de los nuevos movimientos sociales. PRODEPINE emergió así, en suma, como el ensayo más sofisticado de intervención social desde los parámetros del nuevo neo-indigenismo etnófago…

Un problema añadido, además, es que esas prácticas han sido vendidas de cara a la galería como si de un paradigma progresista se tratase; como si, de pronto, por el mero hecho de ser un poquito más sensibles al tono de la voz de los pobres, los problemas derivados de unas estructuras injustas y asimétricas -la pobreza y la indigencia- pudieran solventarse sin necesidad de cuestionar los cimientos que reproducen y amplifican la brecha de la exclusión. Este no es un problema menor, y la percepción de que PRODEPINE representa un espacio ganado por el movimiento indígena es, en nuestra opinión, la traba principal que impide, hoy por hoy, plantear un debate público y sosegado -dentro obviamente del propio movimiento indígena- sobre sus pros y sus contras. En este artículo hemos intentado argumentar de qué manera el capital social -y el PRODEPINE nace desde los presupuestos participativos del capital social como teoría para la acción- se está convirtiendo en una suerte de comodín capaz de dar un barniz de progresía y sostenibilidad a lo que, en el fondo, no es más que un nuevo ropaje con que maquillar y humanizar unos esquemas macroeconómicos de alto coste social, facilitando así su continuidad.

Permítaseme una última reflexión antes de terminar. Una de las características básicas del éxito del sistema colonial vigente en los Andes desde el siglo XVI hasta finales del XVIII también fue el de la cooptación de la intelectualidad indígena. La Corona española respetó las prerrogativas económicas y sociales de los nobles incas como herramienta que garantizó la continuidad secular de la pax hispana. Tras la rebelión de Túpac Amaru y el posterior descabezamiento de la aristocracia quechua, las sociedades indígenas perdieron la posibilidad de expresarse públicamente por sí mismas, de tener representación propia en los procesos de constitución de las nuevas repúblicas independientes y devinieron, como ha señalado Andrés Guerrero (2000) para el caso ecuatoriano, en una masa amorfa de "sujetos" a ser "administrados" por los ciudadanos. En ese nuevo marco de relaciones, la ventriloquía fue la forma institucionalizada de relación entre los pueblos indígenas y las diferentes instancias del aparato del Estado. En el mejor de los casos, fueron los indigenistas quienes, a menudo cargados de buenas intenciones pero siempre desde la propia sociedad blanco-mestiza, interpretaron y defendieron puntualmente líneas de intervención política sobre los indios pero sin contar con los indios, a modo del viejo despotismo ilustrado europeo. La conformación, durante la segunda mitad del siglo XX, de una nueva intelectualidad indígena capaz de articular en Ecuador un gran movimiento político de reivindicación étnica y social supone, en perspectiva histórica, un acontecimiento importante e impensable por casi dos siglos. La respuesta del otro lado -del poder en un sentido amplio- tampoco se ha hecho esperar: del mismo modo en que el régimen colonial encuadró a la inteligencia quechua dentro de su esquema de dominación, asimismo la poderosa maquinaria del entramado neoliberal está procediendo -vía neo-indigenismo etnófago- a ubicar en su lugar a la dirigencia indígena contemporánea. Puede parecer una comparación algo forzada, pero no deja de sorprender la similitud de las estrategias del gobierno indirecto de hace trescientos años con las que parecen derivarse de iniciativas tan aparentemente benignas como las emanadas de esta peculiar forma de entender el fortalecimiento organizativo que tiene la cooperación para el desarrollo en la era de la globalización. (Bretón, 2001: 6-8)

Esta división desde el poder colonial del campo indígena en dos bloques: uno permitido, tolerado, políticamente correcto, incluible, integrable; y otro, considerado como enemigo, peligroso, anti e sistema, potencial o virtualmente ¨terrorista¨, es plenamente visible en los representantes de las empresas multinacionales, particularmente las mineras, la clase política y los grupos que controlan los medios de comunicación más importantes del país. En quienes aún se reclaman como pertenecientes a la¨ izquierda¨, sólo es visible cierta simpatía por los indígenas, y su falta de espíritu crítico de lo que es la colonialidad del poder.

Ministerio de Cultura. ¿De cuál de las muchas que hay en el país? Políticas para llevar la cultura a los pueblos y mostrar la diversidad cultural como espectáculo.
En tiempos del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), una Comisión Nacional de Cultura, presidida por Víctor Delfín e integrada por 15 personas, muchas de ellas de izquierda, elaboró los primeros “lineamientos para una política cultural del Perú”, con una propuesta de crear un “Ministerio de la Cultura” (Comisión Nacional de Cultura, s/f ). Hubo un pequeño debate sobre la necesidad o no de ese ministerio y sobre la posibilidad de incluir a la Ciencia y a la tecnología, con un eco lejano de la tesis de Vargas Llosa en favor del mercado y en contra de toda protección estatal porque en última instancia la cultura se defiende sola .

Casi al final de su segundo gobierno, Alan García Pérez dio el decreto ley Nº 29565 (julio, 2010) de creación del Ministerio de Cultura con cuatro áreas: patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial; creación cultural contemporánea y artes vivas, gestión cultural e industrias culturales, y pluralidad étnica y cultural de la Nación. Los Organismos públicos adscritos al Ministerio de Cultura son: el Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú, El Instituto de Radio y Televisión peruana, la Academia mayor de la lengua Quechua, el archivo general de la Nación y, finalmente, el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos Amazónicos y Afro peruanos, INDEPA, formado a partir del rotundo fracaso de la Coordinadora Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro descendientes, CONAPA, que el presidente Toledo creó para su esposa con un préstamo de cinco millones de dólares del Banco Mundial. Una de las funciones exclusivas del Ministerio, es “Desarrollar acciones de producción, emisión y difusión de programas de radio y televisión con el fin de promover las expresiones multiétnicas y pluriculturales de la nación para coadyuvar a la integración de todos los peruanos y afirmar nuestra identidad nacional”.
La base del nuevo Ministerio es el antiguo Instituto Nacional de Cultura, creado por el gobierno de Velasco Alvarado, a partir de la Casa de Cultura que fue una propuesta del primer gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry. El nuevo Ministerio nació con la inercia burocrática del INC, una concepción híbrida que reproduce el viejo elitismo de la política cultural en el país, y promete defender la diversidad cultural del país, sin decir una palabra sobre los derechos políticos que los movimientos indígenas exigen para no verse reducidos a la condición de buenos intérpretes y artistas de la cultura-espectáculo. Una limitación adicional, demasiado importante es su falta de recursos. Como antes en el pasado, ocurre que para ¨la cultura¨ no hay dinero, aunque las cuentas del país estén en azul y con altas tasas de crecimiento. Por lo visto pesan más las palabras y declaraciones de buenas intenciones que las decisiones serias para cambiar la realidad.

Es pertinente aquí tomar en cuenta un excelente relato de la experiencia de un ex director del Instituto Nacional de Cultura que puede servirnos para entender mejor el problema de la política cultural. En su libro ¨Memorias de un historiador¨, Antonio del Busto cuenta sobre su encuentro con el presidente Fernando Belaúnde Terry, en febrero de 1983:

´Dr. Del Busto, hay un cargo que está vacante y sería mi deseo que lo aceptara, Creo que lo sabrá desempeñar. Tiene usted la aceptación de muchos y la oposición de nadie. Se trata de la Dirección del Instituto Nacional de Cultura´… Le respondí ´Considero un honor pero sepa usted que nunca he incursionado en política. Esta sería la primera vez. Yo no pertenezco a ningún partido, tengo un modo de pensar bastante independiente y si acepto sería como cumplir con mi servicio militar. Lo haría por mi país´. El presidente, sin inmutarse, me respondió encogiéndose de hombros: no queremos más, no lo llamamos por ser político o para que se haga político, usted siempre ha sido apolítico, independiente, y lo seguirá siendo. Su compromiso sería con el Perú. Sólo le pido colaborar con mi gobierno. Le contesté que aclarado el panorama, era un honor haber sido llamado y que no tenía ninguna objeción. Aceptaba. El presidente se puso de pie, a tiempo que me decía: ´Mucho le agradezco su decisión. El ministro de Educación será el próximo en hablarle, cuente usted con todo mi apoyo para desarrollar su gestión. Eso sí, una cosa le digo: no hay dinero. Usted recibirá el escueto presupuesto del Instituto Nacional de Cultura y no podrá hacer un solo gasto más. Se trata de mantener a la institución en el nivel en el que ahora se encuentra, le ruego que -dentro del ritmo económico que le he propuesto- no haga usted gastos extraordinarios´. Yo que conocía las limitaciones económicas del Instituto, le prometí que así lo haría. Todo seguiría igual y, de ser posible, mejor. Mi labor no sería inversionista; sí organizadora, estimuladora y moralizadora. Al presidente le gustaron mis respuestas. Me volvió a estrechar la mano y creí descubrirle un gesto de agradecimiento. Luego fue que nos acercamos charlando a la puerta del despacho y, despidiéndome del mandatario, abandoné el Palacio de Gobierno.

¨… Como era de esperar, no se pudo hacer mucho debido a la falta de dinero, Pero todo lo programado se ejecutó. El barco permaneció a flote, no hubo peligro de naufragar. Se cumplieron todos los programas con puntualidad, y se enfrentaron los asuntos urgentes. Más no se pudo hacer nada nuevo¨ (Del Busto, 2011 b: 85).

Cuenta también el historiador Del Busto que luego de dos años en el puesto, renunció por ¨no estar de acuerdo con ciertas responsabilidades¨, sin decir cuáles. Después, fue invitado a Japón. En sus memorias el historiador le dedica más espacio a su visita a Japón que a su paso por el INC.
¿Será posible que la “Gran transformación” como promesa electoral de Ollanta Humala, rompa con el pasado y que por primera vez la llamada cultura en singular y las culturas en plural reciban el trato que merecen? Nada de lo visto hasta ahora en los primeros 90 días del gobierno autoriza a suponer que la respuesta será positiva.

En cuanto a la concepción de lo que la cultura es o no, de lo que son o no las culturas, el problema comienza con la siguiente pregunta: si el Ministerio es de una cultura (en singular) ¿de cuál de las muchas culturas que tenemos se trata? Si los funcionarios de los gobiernos y el Estado están firmemente convencidos de que la cultura es el conjunto de conocimientos y de saberes escolarizados, la única cultura que tiene esas características en América Latina es la occidental criolla. En consecuencia, todos los pueblos indígenas carecerían de cultura, de donde se desprendería la tarea civilizadora del Estado, y el encargo a sus funcionarios e intelectuales para “culturizar” a los llamados indios, llevándoles la cultura como un regalo de algo que no tienen y que sería muy útil para que se parezcan a los occidentales. Cuando al asumir su cargo el ex Ministro de Cultura Juan Ossio dijo en Radio Programas del Perú, RPP, que una de las tareas del Ministerio de Cultura sería “llevar la cultura a los pueblos indígenas”, pensó con la lógica del poder y renunció a la primera lección que recibimos los estudiantes de Antropología desde hace muchísimo tiempo: todos los pueblos tienen cultura y cada una de las personas en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo nace dentro de una cultura y es inconcebible que haya una persona sin cultura. La idea de ¨llevar la cultura al pueblo¨ es una convicción profunda no solo de los ideólogos del poder sino también de gran parte de las capas profesionales e intelectuales de diferentes opciones políticas. Está en el inconsciente colectivo de toda la clase política y de millones de personas, comunes y corrientes, particularmente los migrantes que provienen de los propios pueblos indígenas. Presento dos ejemplos simples: Lorenzo Osores, un marxista humorista de larga tradición, dijo en una reciente entrevista: “A pesar de todos los problemas que tiene Cuba, no se puede negar que el régimen de Fidel castro se ha preocupado por darle cultura a su pueblo, un poderoso instrumento de libertad” (Velero de Palma, 2011: 99). Hablando de sus proyectos, dice Alberto Menacho, “el arquitecto y empresario musical de oficio y aprendiz de fútbol”: “Mi próxima meta es llevar conciertos de música clásica y de rock al interior del país. Creo en la democratización de la cultura, pues el Arte y la gran música no pueden ser solamente para un sector de la sociedad ¡son para todos!, (Menacho, 2011). Este señor reproduce la tesis ya señalada: el arte y la gran música son parte de un patrimonio exclusivo de un pequeño sector de la sociedad. Al tratar de democratizar el privilegio de una pequeña porción de la población, su deseo, seguramente sincero, expresa una contradicción flagrante.

Para percibir con claridad lo que es el elitismo que encierra el uso del concepto de cultura en singular, como sinónimo de ¨alta cultura¨, tomaré el caso del Teatro Municipal de Lima. Luego de haber quedado casi destruido por un incendio en 1998, fue enteramente reconstruido con un costo de más de 20 millones de dólares . Para su reinauguración fue contratado Diego Flores, el peruano estrella mundial de la ópera, como figura de un espectáculo central para el Presidente de la República, algunos de sus ministros, otros invitados del mundo empresarial y “social” y los miembros de la “Asociación Cultural Amigos Peruanos de la Ópera” . Nadie del llamado pueblo de Lima y menos de los residentes migrantes de los pueblos indígenas, tuvo el privilegio de asistir a ese gran festejo. Las decisiones que la Alcaldía de Lima y el Ministerio de (una) Cultura del gobierno de Ollanta Humala tomen sobre los espectáculos que serán presentados en el lujosísimo Teatro Municipal nos darán la pauta de lo que quieren hacer frente a los privilegios de la ¨alta cultura¨. El programa establecido por la Municipalidad de Lima para el teatro Municipal en año 2011 es ya una mala señal: no hay espacio alguno para la música y danzas de las otras culturas existentes en el país. Por el costo de reconstrucción del teatro, su lujo y esplendor es probable que la “Asociación Cultural Amigos Peruanos de la Ópera” y sus amigos en el poder quieran que ese teatro sirva exclusivamente para la ¨alta cultura¨. Una decisión como esa nada tendría que ver con la publicitada ¨gran transformación¨ prometida por el gobierno de Ollanta Humala, y dejaría a la ministra Susana Baca en la misma posición que la de su antecesor Juan Ossio.

Es pertinente tomar en cuenta dos momentos de la historia del Teatro Municipal. El primero va desde su fundación en 1920 hasta 1964. El común denominador de ese periodo fue su plena consagración a la ópera, la zarzuela, el ballet, la música de cámara, principalmente. Gracias a José María Arguedas, director de la Casa de Cultura, al ministro de Educación Francisco Miró Quesada Cantuarias, y al Presidente Fernando Belaúnde, el teatro abrió sus puertas para espectáculos de música y danzas de los pueblos andinos del Perú y también para artistas llamados folklóricos . El gobierno de Velasco Alvarado dio un impulso mayor para que el teatro Municipal y otros teatros de Lima como el Segura, La Cabaña y el José Pardo y Aliaga en el ex edificio del Ministerio de Educación en el parque universitario, fuesen escenarios para la música y danza llamada folklórica. La inercia de ese período continuó después del gobierno de Morales Bermúdez y fue debilitándose poco a poco en la medida en que desaparecieron los coliseos y surgieron centenares de restaurantes y peñas folklóricas que cobran poco o nada por entrada y asocian la música y eventualmente la danza a la comida y al consumo de alcohol.

Mientras los pocos miles de aficionados a la ópera, a, la zarzuela, y al ballet se sienten felices de disfrutar del Teatro Municipal, los millones de personas que disfrutamos con la música danzas de las culturas indígenas del país deberíamos conformarnos con la enorme incomodidad de ver y oír a los artistas andinos en peñas y restaurantes en medio de la bulla de quienes comen y beben y se conforman con tener a los artistas de su preferencia como telón de fondo y, peor aún, de ver los desafíos entre danzantes de tijeras en pampones de pésimas condiciones higiénicas de escuelas, colegios, y pequeños locales de las asociaciones de migrantes en los conos de Lima, particularmente en Villa el Salvador y San Juan de Miraflores. El contraste entre estos dos mundos de lujo y pobreza no puede ser mayor: las mejores condiciones y el máximo de confort para la llamada “alta cultura” importada de Europa y Estados Unidos para unos pocos, y ningún confort ni respeto por el arte de las culturas originarias de nuestro suelo, de millones de peruanas peruanos. Por ejemplo, en Villa el Salvador, distrito de Lima con 40 años de historia (1971-2011), no hay un auditorio con 200 butacas. Un espectáculo masivo sólo puede hacerse en el Coliseo deportivo con una acústica pésima, mientras en el teatro Vichama, de excelente acústica, de iniciativa extraordinaria del grupo dirigido por César Escuza, sólo caben entre 100 y 150 personas. Con otros 20 millones de dólares podría construirse en los cinco conos de Limas unos grandes Centros de Culturas (en plural) para múltiples usos, no sólo para los migrantes de los pueblos indígenas sino para todas las expresiones culturales del país, sin exclusión de ninguna por más europea o extranjera que sea. No se trata de invertir la torta y eliminar la llamada alta cultura y sustituirla por la música popular. Un cambio sustancial en la política cultural debe ser considerar a todas las culturas del país en igualdad de condiciones, y entre otras medidas, abrir el Teatro Municipal y los teatros, a todos los grupos artísticos del país exigiendo solo calidad y seriedad.
En el gobierno de Alan García, que acaba de concluir en el pasado julio de 2011, el viejo elitismo de la colonialidad del poder, no pudo ser mayor. Además de la reconstrucción del Teatro Municipal, el gobierno habría gastado 220 millones de soles en construir un nuevo teatro de Lima, en el distrito de San Borja, al lado del Museo de la Nación, del nuevo local de la Biblioteca Nacional y del edificio del Hospital el Niño, que refuerzan el centralismo dentro de la propia ciudad de Lima en beneficio de las clases altas y medias y sin la menor consideración por los conos y los barrios populares tan densamente poblados, en los cuales solo hay algunos hospitales y nada que tenga que ver con la llamada cultura en singular.

El discurso vacío sobre la interculturalidad en predios oficiales desde la última década del siglo XX y convertida en una promesa electoral más por la actual administración de Ollanta Humala, estaría en abierta contradicción con la realidad si es que los dos grandes teatros recientemente inaugurados en Lima, se consagrasen a cumplir la misma función del pasado virreinal. Si los cambios introducidos en tiempos de la casa de Casa de la cultura, dirigida por José María Arguedas, fuesen ya cosas del pasado, se trataría de una franca e inadmisible involución.

V. PODER Y CULTURAS: PROPUESTA DESDE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEFENSA DE LAS CULTURAS A TRAVÉS DE LA POLITICA, POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DEL PAIS.

En los últimos 40 años ha aparecido en el escenario político de América Latina un nuevo sujeto y actor: los movimientos políticos indígenas, con reivindicaciones, rostros, y apellidos nuevos, con una práctica y un discurso muy distintos a los de las viejas derechas e izquierdas. El siguiente listado de 24 reivindicaciones, ilustra de modo inequívoco su originalidad y potencialidad para el futuro no solo de los pueblos indígenas sino para el conjunto del país. “1, La tierra es nuestra madre, 2, el territorio como gran espacio entre ríos, lagunas y quebradas para la vida, pesca, agricultura, espiritualidad y universo mítico, dentro del Estado peruano y no en contra, 3, defensa de la cultura, 4, defensa de la lengua, 5, defensa de la identidad como ejercicio de sus derechos a la diferencia, 6, por una ciudadanía étnica para afirmar que son peruanos e indígenas de cada uno de los pueblos, 7, su derecho a la libre determinación, 8, su derecho al auto gobierno, 9, por el deber de mandar obedeciendo, 10, construir una sociedad sin la concepción occidental del poder, 11, defensa de los derechos colectivos de los pueblos, 12, participación plena de las mujeres, 13, por el respeto a los pueblos y personas, 14, por el respeto a la dignidad de los pueblos y personas, 15, contra la exclusión, 16, contra la indiferencia, 17, contra el abandono y el olvido, 18, por la defensa de la biodiversidad, 19, por la defensa de los recursos que existen en los territorios indígenas como bienes colectivos de todas y todos, 20, por la defensa de los saberes indígenas acumulados en miles de años de organización de los territorios indígenas, 21, por una educación intercultural bilingüe, 22, por la defensa de la espiritualidad propia de los pueblos, 23, por la creación de un Estado plurinacional, y 24, por el ¨Buen vivir¨ que podría ser una alternativa al llamado desarrollo que en occidente busca la riqueza a cualquier precio como condición para vivir mejor”. (Tomado de, Rodrigo Montoya Rojas, Puentes para unir los fragmentos del Perú: Dos momentos: luchas por la tierra (1888-1980) y por la cultura (2009 - ¿?), Lima 2010, en diversas redes de internet, particularmente WWW.democraciaglobal.org .
Luego de haber causado un inmenso miedo en las clases dominantes en Bolivia y Ecuador, los intelectuales y políticos indígenas tuvieron la osadía de exigir que nuevas Asambleas Constituyentes sean convocadas para aprobar Constituciones nuevas que respondan a los que los países son en realidad y no las ficciones de los Estados nacionales creados luego de la independencia política formal de España, en los primeros treinta años del siglo XIX. Esta exigencia tiene la virtud de probar que los movimientos políticos indígenas apuntaron con precisión al corazón del sistema político.de los Estados naciones. Es en las constituciones en las que los bloques políticos organizados por las clases dominantes y sus aliados políticos en las capas medias, populares y campesinas, han logrado ganar mayorías electorales suficientes para que sus intereses particulares se transformen en intereses de la nación o del país, a través de ese juego de ficción con el que los ideólogos del poder nos hace creer y aceptar.

En esta última sección examinaré muy brevemente los casos de las nuevas Constituciones en Bolivia y Ecuador, y la distancia que queda aún por recorrer en Perú para seguir lo esencial de ese horizonte.

Osadía boliviana por un Estado plurinacional.

En su momento de mayor desarrollo de este nuevo horizonte indígena en la política, el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales, aprobó una nueva Constitución política del Estado con la participación directa de líderes indígenas en la Asamblea Constituyente y un bloque de aliados como los de la histórica Central Obrera Boliviana, COB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB, los pobladores de El Alto, pequeños núcleos desprendidos de las organizaciones políticas de la izquierda .

La primera Constitución del Estado Boliviano fue redactada en 1825 por Simón Bolívar y sus amigos en Lima, sin conocer siquiera el suelo de lo que sería la nueva república y sin que ningún indígena fuese invitado a ese acontecimiento. El nuevo estado llamado Bolívar, pronto se convirtió en Bolivia. Cito a continuación las primeras páginas de la nueva Constitución boliviana aprobada en 2008.

“Preámbulo. En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia.

El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado.

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.

Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos.

Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país.

Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia.

Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora, que han hecho posible esta nueva historia.

Primera parte. Bases fundamentales del estado, derechos, deberes y garantías, Título I, bases fundamentales del estado, capítulo primero, modelo de estado.

Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.

Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.

Artículo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión.

Artículo 5. I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco.

II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano”.

Además de estos 5 artículos, aquí reproducidos, la Constitución boliviana tiene otros 446, y 10 disposiciones transitorias. No será fácil que cada una de sus disposiciones se cumpla porque es fuerte aún el peso de la tradición política criolla, aunque la derecha ha sufrido una enorme derrota .

Una atenta lectura de los artículos aquí citados y los restantes 446, muestra la enorme diferencia con la constitución boliviana anterior. La visión unicultural de un Estado, una nación, una cultura, una lengua una religión propia de los criollos herederos del virreinato español, ha sido sustituida por el concepto de un Estado plurinacional en el que cada nación, (cultura, pueblo, patria o sangre) tiene una representación directa en el Estado, con voz, voto y capacidad de decisión para defender sus intereses propios y los del país, sin confundirlos como si fueran lo mismo. No me es posible hacer un análisis a fondo de la constitución boliviana, de sus posibilidades y dificultades de aplicación práctica, particularmente de la cuestión territorial indígena. Me parece pertinente dejar claramente señalado que el debate continúa abierto desde la Asamblea Constituyente hasta ahora, en particular sobre la diferencias entre el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y la oposición indígena desde la perspectiva de la Nación Kolla (Aimara) defendida por Felipe Quispe y por parte de los intelectuales aimaras, para quienes la división del espacio sigue reproduciendo aún la lógica del virreinato español.

Luchas indígenas y triunfo del caudillismo del presidente Rafael Correa en Ecuador

La constitución ecuatoriana de 2008, se acerca en algo a la de Bolivia. La aprobó una Asamblea dirigida por el presidente Rafael Correa, un caudillo que con gran astucia supo aprovechar y capitalizar los errores del Movimiento Pachakutk Nuevo País y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE.
Como en el caso boliviano que acabo de presentar, cito a continuación algunos de los artículos de la nueva constitución ecuatoriana:

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.
Art. 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, son los símbolos de la patria. El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas.ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso.

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. La capital del Ecuador es Quito. El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártida.

Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.

Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad¨.

La declaración de Ecuador como un país intercultural plurinacional y laico, está puesta en el papel y en abierta contradicción con la voluntad colonial de gran parte de los funcionarios del Estado de reproducir el viejo orden anterior .

Constitución peruana de 1993

Para que las y los lectores puedan contar con una primera aproximación comparativa con los casos boliviano y ecuatoriano, cito a continuación algunos de los artículos de la constitución peruana de 1993:

Artículo 43.-La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:...

19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.

Artículo 48.- Idiomas oficiales

Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.

Artículo 50.- Dentro de un régimen de independencia y autonomía el estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.

El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas.

Artículo 63.- La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas. En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero. El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley.

Art.64. El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera¨.

Mientras las constituciones boliviana y ecuatoriana sostienen el carácter plurinacional de sus Estados, la Constitución peruana se limita a reconocer la identidad étnica y cultural de las personas y a proteger la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Las diferencias profundas son pues, evidentes. De ese modo, el Estado peruano sigue siendo criollo y unicultural como si viviéramos en los primeros 30 años del siglo XIX y los indígenas siguen siendo ciudadanos de última categoría excluidos de toda presencia en la estructura del poder de la sociedad.

En abierto contraste con la Constitución brasileña que garantiza el derecho de su Estado a participar de modo autónomo o en sociedad con la empresa privada y que defiende plenamente su moneda nacional, la constitución peruana no establece diferencia alguna entre los capitales nacionales y extranjeros, limita al Estado a tener un rol insignificante, y permite que su moneda esté plenamente sometida al dólar norteamericano. Mientras Petrobras es una poderosa empresa brasileña en el mundo, la constitución peruana favoreció la casi liquidación de Petro Perú, aunque en los primeros 90 días de gobierno del presidente Ollanta Humala se han tomado algunas decisiones para fortalecerla, sin cambiar aún nada de la legislación enteramente favorable las grandes empresas multinacionales.
Frente a la constitución de 1993 las posiciones están claramente encontradas. Todo el fujimorismo y las derechas del país creen que no habría que tocarla para que el crecimiento de la economía continúe sin sobresaltos. Por razones electorales, en 2006, el candidato Alan García prometió que restauraría la constitución de 1979 y que retiraría la firma presidencial del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ya en el puesto de presidente de la República, olvidó esas promesas y se convirtió en el aliado de privilegio de las grandes empresas multinacionales. Por su parte el candidato Ollanta Humala propuso también el retorno a la constitución de 1979 y al momento de juramentar su cargo como presidente, expresó su adhesión al “espíritu” de la Constitución de 1979. En la medida en que no cuenta con una mayoría parlamentaria, considera que solo será posible hacer algunos cambios puntuales en la línea de fortalecer al Estado. La cuestión de un estado plurinacional está por el momento fuera de toda discusión y de todas las agendas de la clase política del país. Sólo aparece en las propuestas de los movimientos políticos indígenas.

El cambio de una constitución sólo es posible cuando un bloque de fuerzas políticas impone su punto de vista ganando las elecciones presidenciales y congresales y obteniendo una mayoría significativa en la Asamblea Constituyente, o gracias a un golpe de Estado como aquel de de Alberto Fujimori y las Fuerzas Armadas, en 1992, que un año después impuso la constitución vigente de 1993, por la fuerza y con un fraude electoral. En aquella coyuntura, fue decisivo el Consenso de Washington para imponer su punto de vista luego de la caída del Muro de Berlín y el naufragio posterior de las repúblicas socialistas soviéticas y los países socialistas del Este de Europa. Reducir al mínimo la presencia del Estado, privatizar las empresas públicas y los fondos de pensiones, acabar con los derechos laborales y extender por el mundo el principio capitalista de calcular las ganancias y pérdidas, fueron algunas de las ¨recomendaciones¨ de aquel “Consenso”.

De otro lado, las constituciones duran lo que duran los bloques políticos que las imponen. En Perú tiene fuerza aún el bloque de las empresas multinacionales, los inversores nacionales y los diversos grupos de interés de la derecha. Los movimientos indígenas no tienen la suficiente fuerza para comandar una alianza alternativa, el presidente Ollanta Humala, sin un partido político que lo sostenga, trata de gobernar sin alterar las grandes reglas de juego y buscando que el crecimiento de la economía ofrezca una cuota de dinero suficiente para reforzar los programas sociales de ayuda a la pobreza extrema, como ocurre en Brasil.

Si el movimiento político indígena pretende convertirse en un actor político pleno en el país deberá asumir el desafío de construir en quince o 20 años un bloque político alternativo, desde abajo, a través de alianzas sólidas entre amazónicos, ribereños, andinos quechuas, andinos aimaras, pueblos descendientes de indígenas en la costa, migrantes andinos y amazónicos, campesinos, obreros, maestros, mujeres, estudiantes, profesionales, intelectuales y los grupos que en los últimos 20 años defienden su derecho a la diferencia como los homosexuales, trabajadoras del sexo y transexuales. El camino para la descolonializar el poder pasa por la descolonialización del saber. En este caso preciso por distinguir lo que son la cultusa en singular y las culturas en plural.

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