jueves, 18 de abril de 2013

El árbol de las leyes hay que podarlo siempre

Jorge Zavaleta Alegre (Desde Lima, Perú. Colaboración para ARGENPRESS CULTURAL)

Lima. El Trámite de Más, es un concurso convocado en el Perú por la presidencia del Consejo de Ministros. Se espera que los participantes sean numerosos, en tanto ningún ciudadano puede eximirse de su relación con las instituciones, empezando por los municipios más alejados y las representaciones diplomáticas y consulares. El desarrollo humano, en esencia, es el fin de una verdadera revolución para que el ciudadano no sea prisionero de una burocracia insensible.

“El árbol de las leyes ha de podarse continuamente», escribió el poeta Anatole France, para que la oscuridad no nos envuelva a todos. La célebre frase ha sido oída por muchos gobiernos, pues el árbol legislativo, se deja «crecer» hasta límites insospechados.



El llamado Latinobarómetro, resultado de una entrevista anual en la Región, ubica al Perú en una larga desventaja respecto a la percepción ciudadana sobre el cumplimiento de normas, empezando por no cruzar las calles cuando el semáforo está en luz roja, en políticas públicas para combatir la violencia y los bajos niveles socioeconómicos, según Reuters.

No existo, no he nacido. Oriana Fallaci, famosa periodista italiana, que empezó combatiendo al fascismo, en su libro “Un hombre”, dedicado a Alekos Panagulis, héroe de la resistencia griega contra la dictadura de los coroneles, fue apresado, torturado y condenado a muerte en un proceso tan plagado de irregularidades que el régimen de Papadopoulos se vio obligado a conmutarle la pena.

Alexis, desde la cárcel, escribía relatos en las colillas de cigarrillos, con cerillos empapados de sangre de sus muñecas ensangrentadas por las esposas metálicas, logró salir de la prisión. Pero al recobrar su libertad fue al municipio natal para tramitar su partida de nacimiento, pero no encontró ningún registro. “No existo, no he nacido”, declaró Alexis. La presión de la prensa internacional fue tan intensa, que sus documentos aparecieron pronto. Sin embargo, cuando debía partir rumbo a Nueva York, el poeta y la periodista, protagonistas de una singular historia de amor, tuvieron que esperar varias horas más en el aeropuerto de la capital griega, porque el piloto no recibía la orden de despegar la nave y dejar “los cielos azules de Atenas, los más azules del mundo”.

El testimonio de un peruano. Jorge Arturo Figueroa, ha recobrado este año, - tras un largo y engorroso trámite - su condición de periodista y licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales, por la Universidad Nacional de Trujillo, expedidos en 1966 y 1972, respectivamente.

Conseguir un duplicado de un título profesional es un camino infinito, que irroga gastos de varios miles de soles, para poder cumplir los requisitos y pasos que, inorgánicamente, exigen la Asamblea Nacional de Rectores - ANR y cada una de las Universidad. El Registro Nacional de Grados y Títulos, dentro de la ANR, fue creado por Ley 25064, del 23 de junio de 1989.

La ANR es un organismo que agrupa a más de 130 universidades privadas y públicas “con fines de estudio, coordinación y orientación general de las actividades universitarias en el país, así como de su fortalecimiento económico y de su responsabilidad con la comunidad nacional”, señala el Art. 90° de su Ley de fundación.

El 12 de noviembre del 2002, el Pleno de Rectores, acordó la aprobación del Proyecto de Reglamento Nacional de Grados y Títulos Profesionales, que reemplaza al Reglamento de julio de 1997, según Resolución Nº 636-97-ANR.

En principio, ese Sistema Nacional comenzó a acopiar información a partir de 1989, pero no fue objeto de preocupación la suerte de los miles de miles de egresados antes de ese año. Por lo tanto, legalmente, los egresados de una Universidad, no existen, no pueden ejercer sus funciones, no pueden concursar a ninguna plaza que ofrece el mercado.

La ANR necesita una profunda reorganización. El personal vive en la anomia permanente. La posibilidad de emprender la resiliencia de su personal choca con intereses de cada universidad, que no quiere perder su autonomía ni los ingresos que generan los trámites de más.

El tortuoso camino se inicia con la visita a una comisaría para obtener una constancia policial de pérdida, robo o deterioro del título. Tres avisos: en el diario local, en un diario de circulación nacional y en el Diario Oficial El Peruano, según formato oficial. Solicitud de constancia a la ANR. Envío de esa constancia a la Universidad. La Universidad remite la información a la ANR por correo postal o agencia de transporte, sin plazo determinado.

La descentralización, siendo positiva, contiene vacíos muy grandes. El Presidente de la ANR, y los rectores por ser elegidos democráticamente, no pueden encargar sus funciones a segundos para el caso de los registros de títulos. La problemática interna de su universidad los absorbe y los consejos institucionales posponen semanas y meses la atención a sus egresados.

El Sistema Nacional explica que este trámite pretende evitar la falsificación de los títulos, delito frecuente y de larga data. Pero los nobles fines del Sistema no coinciden con la realidad. Es una traba, que inclusive no acepta delegación del poder a un tercero, salvo que sea un abogado colegiado. El trámite es estrictamente personal y el valor fiduciario de cada diploma tiene precios prohibitivos. Un trámite de esta naturaleza es un juego de intereses, donde prima la relación amical con algún funcionario para que la solicitud camine. Cree el vanidoso funcionario, que el mundo es su aldea, nos recuerda José Martí.

La propuesta de cambio, es emprender una efectiva tecnificación de la ANR, siguiendo pautas y experiencias que ya existen en dos o tres universidades del país y de varios países vecinos. Es factible aplicar la misma metodología que se sigue para renovar el pasaporte y del DNI, que son expedidos por vía electrónica y en contadas horas.

La función de la ANR debe incidir en una efectiva labor fiscalizadora de las decenas universidades y sucursales, estimulando la calidad de los servicios y evitando que sigan siendo fábricas de dinero, con publicidad engañosa sobre maestrías y postgrados con profesores de las mejores universidades del mundo….cuando nada de eso es verdad. La administración del Estado, no implica multiplicación de leyes y normas, sino de la ética del funcionario. La tecnología de la comunicación, demanda capacitación sistemática, profesionalización y educación ciudadana.


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