jueves, 12 de septiembre de 2013

“El Yasuní seguirá viviendo”, un mensaje desde el meridiano ecuatorial

Jorge Zavaleta Alegre (Desde Lima, Perú. Especial para ARGENPRESS CULTURAL)

La iniciativa Yasuní-ITT es un fracaso en el campo financiero y al mismo tiempo un éxito rotundo en muchas otras dimensiones.

Esta es la conclusión que nos ofrece la propuesta visionaria del Presidente Rafael Correa para hacer de Yasuní, una reserva intangible que permita conservar la naturaleza y evitar la extracción del petróleo, como una lección innovadora, que ayudó a despertar la conciencia ecológica en las generaciones de los jóvenes del Ecuador y del mundo.



Durante seis años el Gobierno Ecuatoriano hizo todo cuanto pudo para mantener indefinidamente inexplotadas las reservas petroleras del bloque Ishpingo, Tambocochoa, Tiputini, estimadas en 920 millones de barriles, que corresponden al 20% de reservas comprobadas del país.

El 15 de agosto del 2013, el gobierno nacional emitió un Decreto Ejecutivo que ratifica la afectación de la extracción petrolera al uno por mil del Parque Nacional Yasuní. No será al uno por ciento como constaba en el anterior decreto que puso fin a la Iniciativa Yasuní-ITT.

El referido decreto sustituye el artículo 5 del Decreto Ejecutivo número 74 por el siguiente: “En el caso de que la Asamblea Nacional autorice la actividad extractiva ésta no podrá desarrollarse en un área superior al uno por mil del territorio del Parque Nacional Yasuní”.

La decisión también ordena la elaboración de informes técnicos económicos y jurídicos para, de acuerdo con el artículo 407 de la Constitución, solicitar a la Asamblea Nacional la declaratoria de Interés Nacional al aprovechamiento del petróleo en el Yasuní.

Considerando la tecnología disponible para la recuperación petrolera y sobre la base de los precios del petróleo, el aprovechamiento de las reservas del ITT arrojaría un valor de 18. 292 millones de dólares, más de 11.000 millones a lo que originalmente se estimó.

Pues ahora el verdadero dilema es: 100% del Yasuní y nada de recursos para satisfacer las necesidades urgentes de nuestra gente, o 99% del Yasuní y más de 18.000 millones para vencer la miseria, especialmente en la Amazonia, la región con mayor pobreza.

“El Yasuní seguirá viviendo, pero la pobreza disminuirá y con suerte y adecuadas decisiones la venceremos definitivamente”, argumenta el gobernante ecuatoriano, al mismo tiempo que asevera que esta decisión “nos desilusiona a todos, pero era necesaria. Ya no podemos hacer más, sin graves perjuicios al bienestar de la población”.

“La historia nos juzgará”



“Podemos tener la conciencia tranquila: Yasuní-ITT ha sido la propuesta más seria y concreta en la lucha contra el cambio climático, pero tenemos que velar por nuestro pueblo, nuestra gente, sobre todo los más pobres”, remarca Correa, un economista que cuestiona el neoliberalismo como arma de enrique a pocos y conserva la marginalidad de muchos.

De los recursos que genera la explotación petrolera del Yasuní, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Amazónicos por la Ley 010 recibirían cerca de 258 millones de dólares, y por la repartición del 12% de excedentes petroleros, alrededor de 1.882 millones de dólares. Con ello, la Amazonía podrá con holgura salir de su retraso histórico. Todo esto en adición a cerca de 1568 millones que recibirían todos los gobiernos autónomos descentralizados del país por su participación en la renta petrolera.

“Vendrán los charlatanes de siempre a decir que esta decisión es fruto del excesivo gasto público, como si fuera un delito invertir en salud, educación, bienestar de nuestro pueblo”, comentó. “La verdad –agregó Correa- es que estos recursos ni siquiera son para nuestro gobierno, sino para el futuro”.

Era una idea construida desde la sociedad civil que se concretó en 2007, durante el primer gobierno de Rafael Correa, enfocándola en proteger el Parque Nacional Yasuní, y sus áreas adyacentes (conocidas por la abreviatura ITT).

En etapas siguientes, el gobierno mantuvo la moratoria petrolera pero comenzó a buscar opciones alternativas para lograr una compensación económica. En aquel tiempo se razonó que Ecuador perdería un estimado de más de 7 mil millones de dólares por no extraer los barriles de crudo que estaban debajo del Yasuní-ITT. La propuesta consideraba que si se lograba un fondo de compensación de al menos la mitad de esas ganancias perdidas, se mantendría la suspensión a petrolera. La condición para la protección del área pasó a recolectar 3 600 millones de dólares.

Pero con el paso del tiempo, el andamiaje conceptual gubernamental comenzó a crujir. Comenzó a quedar en segundo plano la fundamentación basada en los derechos de la Naturaleza, para priorizar argumentos sobre cómo detener el cambio climático global.

Se sostenía que se debía mantener el petróleo bajo tierra para evitar que una vez extraído fuera quemado en algún sitio, y los gases producidos alimentaran el calentamiento global. La propuesta buscaba una compensación económica para evitar un aumento en el cambio ambiental planetario.

La iniciativa Yasuní-ITT despertaba muchas ilusiones entre varios movimientos sociales, al ser un ejemplo de una transición postpetrolera. Pero falta de apoyo de la comunidad internacional, puede ser

La moratoria petrolera cayó en una contradicción insalvable, porque el mandato constitucional ecuatoriano obliga a la protección de ese tipo de áreas, tanto por proteger los derechos de indígenas como los de la Naturaleza.

Entonces, pedir a otros gobiernos una compensación económica por cumplir con una obligación constitucional propia no podría producir una analogía a otras compensaciones económicas por sus gastos en atender, por ejemplo, la salud de sus niños.



Sí se puede hacer una explotación petrolea en la Amazonia minimizando los impactos, es un argumento muy común en varios gobiernos, pero en Ecuador se da la paradoja que los duros impactos de extraer petróleo en la Amazonia se ponen en evidencia en el proceso contra Texaco-Chevrón, y los graves impactos de las petroleras en ambientes tropicales.

Al liberar a las petroleras, se pone en riesgo inmediato un ecosistema de alta biodiversidad, y a los pueblos indígenas que lo habitan (incluyendo aquellos que viven en aislamiento). Se desploma el intento de aplicar una alternativa postpetrolera, y la capacidad de servir como ejemplo entre los demás países desaparece.

La medida ecuatoriana sin dudas alentará las presiones sobre áreas protegidas que también se viven, por ejemplo, en Perú y Bolivia.

Nadie en el ambientalismo defiende la miseria, sino que denuncian que bajo los titulares de promover el crecimiento económico no sólo se desemboca en mayores desigualdades sociales sino que se destruye el entorno natural, señala Eduardo Gudynas del equipo de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).

La nueva decisión del gobierno ecuatoriano nos recuerda a Chico Mendez (1944-1988): "No quiero flores en mi funeral, porque sé que irán lacrimógenas a los bosques ... ". Méndez, recolector de caucho y sindicalista que luchó contra la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre el Amazonas, fue asesinado frente a su casa. En 2003, el presidente Lula da Silva eligió a Marina Silva, compañera de Chico, Ministra del Medio Ambiente.

El verde paisaje multicolor del bosque amazónico se marchita cada día. Su población supera los 40 millones de personas, de las cuales la gran mayoría vive en ciudades con insuficientes servicios básicos. Solo en la Amazonía peruana han sido registradas 4,200 especies de mariposas.

“Perspectivas del medio ambiente en la Amazonía - Geo Amazonía”, amplio informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - NUMA y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica - OTCA, acaba con los mitos y falsedades de este espacio habitado ahora por unos 40 millones de personas, de las cuales más del 60% vive en ciudades y privada de eficientes servicios básicos.

Después de dos años de trabajo, unos 150 científicos y expertos advierten la hecatombe amazónica, desde la perspectiva ecológica, hidrográfica y político administrativa. El ecosistema global que comparten Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Suriname y Venezuela está en serio peligro, realidad que se complica cada día porque los Estados se resisten a trabajar realmente juntos, buscando consensos.

La amenaza no solo está presente para la enorme variedad de especies de flora y fauna, sino básicamente para el agua que se genera en la cuenca amazónica y representa alrededor de quinta parte del agua de escorrentía mundial.

El modelo de desarrollo de esta región, si lo hubo, ha variado. En ella se expanden rápidamente los monocultivos, como soya ya caña y ganadería tecnificada, en Bolivia y Brasil. Los megaproyectos viales y energéticos, atraviesan la tupida selva, ríos y pantanos, con millones de toneladas de cemento y fierro. La red vial brasileña en los últimos 30 años, se ha multiplicado 10 veces, habiendo provocado centenas de asentamientos humanos. La producción de biocombustibles es un proceso más reciente, que acelera el cambio de uso del suelo en esa región.

“No tenemos otro mundo para mudarnos”, sostiene Gabriel García Márquez, al condenar el incesante manejo salvaje y despiadado del capital, empezando por la cuenca del Orinoco de su país natal, Colombia.

La gran pregunta es ¿qué nivel de “pérdida – ganancia” entre la degradación ambiental y el desarrollo socioeconómico sería aceptable para los ciudadanos amazónicos? Un proverbio Sioux nos recuerda: “No heredamos la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos…” Los amazónicos utilizan unas 1,600 especies de plantas para curar diversas enfermedades.

La región hoy está condicionada a la dirección que tomen las políticas públicas, el mercado y el desarrollo científico y tecnológico. Yasuní, en el Ecuador, tiene una propuesta para frenar el cambio climático. En el Perú la explotación delictiva del oro en Madre de Dios abre los ojos a los gobernantes que proyectan conservar una zona de la mayor biodiversidad del mundo y cambiar radicalmente la historia global.

El proyecto, presentado a EEUU por varios países europeos y una misión ecuatoriana, plantea que se pague a Ecuador para que deje a perpetuidad, sin explotar, parte de sus reservas petroleras en el campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini-ITT. Su aplicación puede ser replicable, como es el caso de Filipinas, Malasia, Indonesia, República Democrática del Congo, Brasil, Bolivia y Venezuela. El Parque Nacional Yasuní, territorio de más de 980 mil hectáreas, está unos 300 kms. al Este de Quito, muy cerca del Napo, aquel rio, de donde partió en el siglo XVI Francisco Orellana para encontrarse en con el Amazonas .

El gobierno ecuatoriano planea emitir los llamados Certificados de Garantía Yasuní (CGY), propuesta que difiere un poco de los bonos de carbono que los países ricos obtienen a cambio de invertir en proyectos verdes en países en desarrollo. Los inversores pueden luego utilizar esos bonos para contrarrestar sus emisiones a la hora de cumplir compromisos internacionales. El dinero que se pague a Ecuador, será invertido en un fondo fiduciario manejado por un organismo internacional.

Los fondos estarán destinados a: Protección de 40 parques nacionales ecuatorianos (Las tierras entregadas a comunidades indígenas son un 38% de la superficie ecuatoriana). Reforestación de 2,5 millones de acres de bosques y cambio de la matriz energética para producir hidroelectricidad o de fuentes geotérmicas, opción atractiva en un país de volcanes, explica el académico Valentín Bartra, de la Universidad Mayor de San Marcos. La iniciativa ecuatoriana de Yasuní inicial fue respaldada por los premios Nobel, Muhamad Yunus, Desmond Tutu, Rigoberta Menchú y Rita Levi-Montalcini.

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